Denuncian penalmente a las Ministras Bañuelos, Torrontegui y Zavala Chacur

El abogado Ricardo André Bazla las denuncia por «Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, Peculado, Malversación de caudales públicos y Violación del juramento constitucional».

La denuncia a la que tuvo acceso este medio expresa en sus fundamentos «que como es de público y notorio conocimiento, el Gobierno de la Provincia de San Luis ha adquirido un total de “ciento veintidós mil quinientas (122.500) Tabletas o Tablets, es decir dispositivos portátiles digitales».

La misma hace mención a la información oficial del Gobierno de la provincia a través de su Agencia de Noticias en la que destacan la finalidad de las tabletas: “Entrega general y grupos que la reciben. Los dispositivos serán para los docentes de escuelas públicas y privadas; alumnos de 1° y 2° grado de nivel primario (públicos y privados); profesionales de la salud; policías; jubilados o pensionados que cobren en la provincia; y beneficiarios del Plan de Inclusión Social.”;

En ese sentido, el denunciante destaca el hecho de que luego de las elecciones PASO del 13 de Agosto el Gobierno «replantea» la entrega de tabletas y las dirige hacia los titulares de merenderos y punteros políticos de los hermanos Rodríguez Saá: «Que el día sábado dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete (16/09/2017) la página digital de noticias “EL CHORRILERO” (https://elchorrillero.com) publicó la siguiente información: Título: “Entrega de tablets a coordinadores de merenderos en el PJ”. En su bajada, el medio periodístico señaló: “El gobierno pasó de los actos masivos a una ´distribución personalizada´ de los dispositivos. Ayer fue más allá y cruzó una línea: amplió el universo de beneficiarios al incluir a dirigentes y punteros que coordinan los centros habilitados tras las PASO”.

«Quedaría probada la criminalidad del acto, desde el momento en que el Gobierno de San Luis y el Partido Justicialista de La Punta, anuncian y publicitan una reunión donde se informará sobre la entrega de bienes públicos, pero con claros fines partidarios, pues no se realizaron idénticas reuniones en otros partidos políticos que no forman parte del oficialismo provincial, sino que todo quedó circunscrito al ámbito gobierno-partido que tienen las mismas cabezas visibles: ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ SAÁ es el Gobernador de la provincia de San Luis y el Presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista, además de Candidato a Senador Nacional Suplente y su hermano ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ es Candidato a Senador Nacional Titular y Presidente del Consejo Provincial del mismo partido».

«Que los hechos de distribución de los dispositivos digitales en la sede central del Partido Justicialista, Distrito San Luis, se produjeron de manera pública y notoria. A tal extremo que fueron difundidos por medios digitales de comunicación social, como así también por el Canal 13 de Televisión estatal, como si se tratara de un acto de gobierno absolutamente institucional, cuando en rigor de verdad se configuró una clara violación a la ley; al principio de igualdad prescrito por el Art. 16 de la Constitución Provincial y por el Art. 16 de la Constitución Nacional; al principio de responsabilidad de los actos de los funcionarios públicos que son practicados por fuera de sus atribuciones, conforme el Art. 25 de la Carta Magna Provincial (Responsabilidad funcional)».

«Al principio constitucional de que ningún funcionario puede valerse de su cargo para realizar especulaciones o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualquier contrato u operación en beneficio propio o de un tercero y en este caso, V.S. advertirá que es harto evidente que los actos llevados a cabo en la Sede del Partido Justicialista han tenido un claro sentido especulativo de índole electoral, toda vez que los propios testimonios recogidos por la prensa y que forman parte del cuerpo de Prueba que en este acto se ofrecen, dan cuenta de la voluntad de beneficiar a los Candidatos Titular y Suplente a Senador Nacional por el Frente de Unidad Justicialista, Dres. ADOLFO y ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ SAÁ, más aún cuando los hechos se produjeron en la casa central del Partido político que ambos conducen».

«El primero como Presidente del Consejo Provincial y el segundo como Presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista de San Luis. De modo tal que también, los funcionarios públicos responsables de estos actos han violado el principio de “Honestidad de los magistrados, funcionarios y empleados” establecido en el Art. 26 de la Constitución de San Luis».

 

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