Cynthia Fernández Paz volvió a fallar contra el Gobierno de San Luis en medio del pedido de jury

La jueza del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N.º 5, Cynthia Fernández Paz, dictó una nueva sentencia contra el Gobierno de San Luis mientras enfrenta un proceso de remoción impulsado por la Fiscalía de Estado.

La magistrada responsabilizó a la Provincia por la forma en que recuperó el establecimiento rural conocido como “La Gitana”, un campo de 1.997 hectáreas ubicado en el departamento Pedernera, en la zona de Buena Esperanza.

La causa fue iniciada por San Jorge Cereales y Hacienda S.A., que explotaba el inmueble mediante contratos celebrados con El Caburé S.A. La empresa sostuvo que el Estado tomó posesión del terreno sin una orden judicial y que le impidió continuar con la actividad agrícola y cosechar el maíz sembrado.

El campo había sido adjudicado en 2009 a El Caburé mediante el programa “Pioneros Siglo XXI”. Tras considerar que la compañía incumplió las obligaciones asumidas, el Ejecutivo rescindió el contrato y ratificó esa decisión administrativa en 2022.

En abril de 2024, el Gobierno recuperó el inmueble en cumplimiento de los decretos que habían dejado sin efecto la adjudicación. La Provincia defendió la legalidad de su actuación y sostuvo que San Jorge no tenía un vínculo jurídico directo con el Estado.

Fernández Paz rechazó ese planteo y afirmó que los decretos administrativos no autorizaban al Gobierno a recuperar por sus propios medios un bien perteneciente al dominio privado. Según la sentencia, la Provincia debía acudir previamente a la Justicia.

La jueza también consideró que la empresa fue despojada de la cosecha implantada en el campo. Sin embargo, no ordenó restituirle la posesión porque durante la tramitación de la causa intervino la Justicia penal y dispuso su desalojo.

“La resolución derivaba de la sola voluntad del juzgador”, señalaron los camaristas Javier Solano Ayala y Mariela Cadelago Filippi al revocar otro fallo de Fernández Paz.

• El establecimiento tiene una superficie de 1.997 hectáreas.
• La nueva sentencia posee una extensión de 114 páginas.
• El Gobierno provincial mantiene la posesión del campo.
• La jueza enfrenta un pedido de suspensión preventiva y remoción.

El proceso de jury fue promovido después de que la Cámara Civil N.º 1 revocara una regulación de honorarios superior a los $1.198 millones dictada por Fernández Paz en otra causa.