Sín límites: Rodríguez Saá usa una escuela de unidad básica

La sede llamada “Justicia Social” funciona en la escuela bilingüe  Progreso y Sueños, en el Barrio 500 viviendas Norte. Apoya la rereelección de Adolfo Rodríguez Saá.

Sin dudas es “otro país”, en la San Luis una escuela es también una unidad básica del oficialismo. Desde el miércoles 12 de abril de 2017, el SUM de la Escuela se convirtió en la  sede de unidad básica 99,”Justicia Social “de la Agrupación Azucena del circuito 1002, apoya la gestión de Alberto y la candidatura de Adolfo a senador, de conseguir los escaños suficientes el mayor de los hermanos llegará a 18 años ininterrumpidos en la Cámara Alta del Congreso.

La reunión de la Unidad Básica realizada en la Escuela.

Con gran asombro los vecinos del Barrio recibieron la invitación a las reuniones que se realizan todos los miércoles a partir de las 19 y se extienden hasta altas horas de la noche. Algunos curiosos se acercaron para corroborar el hecho de convertir el salón de una institución educativa en una unidad básica, la reunión consistió en adoctrinamiento de nuevos jóvenes que se han incorporado en la juventud peronista, dar a conocer cronograma de actividades de campaña, distribución de remeras blancas y celeste con la impresión Adolfo 2017, panfletos y registros para nuevos afiliados. No faltó la comida y la bebida clásica de estas reuniones, los aplausos para los oradores, la marcha y las fotos con el símbolo de victoria y la sonrisa exultante de la organizadora Azucena Escudero y su grupo de jóvenes.

Una vecina llegó hasta la institución educativa solo para ver con sus propios ojos la reunión, dado que, según comentó, hace pocos días atrás se acercó hablar con los directivos, Jorge Timoner y Patricia Arroyuelo, para usar el SUM para un cumpleaños de un alumno atento a que su casa es pequeña y quería invitar a todos los compañeros del grado y le manifestaron que el Ministerio de Educación y el seguro no les permite prestar la institución para estos eventos sociales. Respuesta lógica que deja a los directivos y autoridades ministeriales al borde una denuncia judicial, la legislación vigente prohíbe en los establecimientos educativos de gestión cualquier manifestación política ni mucho menos la utilización para actos, debates y reuniones de ese tipo.

Ahora que el tema tomó estado público queda aguardar que un fiscal investigue al Ministro de Educación, al Gobernador o a la autoridad que permitió esta reunión y las sucesivas que ya se anunciaron.

 

 

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