Concejales fueron al Tribunal de Cuentas para saber qué hizo Tamayo con $ 55 millones que le pidió al Gobierno

Los concejales del bloque Unidos por San Luis, se hicieron presentes en las oficinas del Tribunal de Cuentas Municipal para pedir información, amparados en la Ordenanza Nº II-0906-2019 (3601/2019) que regula el acceso a la información pública, sobre el uso que el PEM realizó de los $55 millones solicitados como adelanto de coparticipación unas semanas antes de las elecciones de noviembre del año pasado.

El año pasado, después de que el oficialismo provincial perdiera las elecciones PASO y antes de volver a perder las elecciones generales del 14 de noviembre, el intendente Tamayo, al igual que otros intendentes oficialistas, solicitó un adelanto de coparticipación por $55 millones para aplicarlos supuestamente para cubrir necesidades de vulnerabilidad social generadas por la
pandemia. Semanas después de que pasaran las elecciones, esos fondos fueron devueltos a la provincia.

Según funcionarios municipales esos fondos no fueron utilizados, sin saber dar una explicación entonces del motivo que generó la solicitud unas semanas antes de la contienda electoral. A su vez, cuando se le consultó por este tema al CPN Marcos Cianchino, miembro del Tribunal de Cuentas Municipal (que mencionó el tema en un renglón de su informe de auditoría), en oportunidad del tratamiento de las cuentas de inversión 2021, no supo responder y pidió que se cursara la consulta por escrito.

Por ese motivo, el concejal de Unidos por San Luis, Guillermo Araujo, presentó por escrito una nota el 19 de julio solicitando detalles de fechas de recepción y devolución de esos fondos, así como también la explicación de los fundamentos de la solicitud y uso de dichos fondos. La respuesta a este pedido nunca llegó lo que dio origen a otra nota del mismo tenor presentada el 10 de agosto, que hasta el momento tampoco ha sido respondida.

Es esto lo que motiva un nuevo pedido, esta vez amparados en la ordenanza que regula el acceso a la información pública, por lo cual, los miembros del TCM tendrán 15 días para dar una respuesta y no ser pasibles de las sanciones que establece la ordenanza en caso de omitir contestar el pedido de información.

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