Pacientes trasplantados suman reclamos a la salud, deben viajar a Córdoba o Mendoza para ser atendidos

La provincia no cuenta con un centro para que sean tratados. Alberto desarmó la Unidad de Trasplantes Renales cuando asumió. Los trasplantados deben viajar a Córdoba o Mendoza para continuar el tratamiento.

Durante la gestión de Claudio Poggi se redactó el Plan Maestro de Salud 2014 – 2025, el mismo tenía entre sus muchos objetivos en Instituto de Investigación y Trasplante San Luis. El punto inicial al ambicioso proyecto se dio con la firma de un convenio con la empresa Nephrology SA, reconocida mundialmente por sus especialización.

En noviembre de 2015, la provincia estaba en condiciones de iniciar, en pocas semanas, los primeros trasplantes renales, teniendo en cuenta que San Luis tenía un total 87 pacientes inscritos en Lista de Espera, 132 Pacientes en proceso de Inscripción, este grupo de pacientes esta conformado por aquellos a los que ya se les ha indicado la evaluación pre-trasplante. En diciembre, tras asumir, Alberto ordenó desmantelar el programa y dejar a la deriva a los pacientes.

En diálogo con la agencia de noticias TÉLAM, integrantes de «Trasplantados en Lucha» reclamaron pos la falta de un lugar especializado para seguir el tratamiento.  «Existen pacientes asintomáticos que si no son valorados a tiempo pueden rechazar el órgano implantado, sin que exista en San Luis lugares para que seamos tratados».

La provincia no cuenta con una unidad de trasplante, «por lo que estos pacientes deben viajar regularmente a Córdoba o Buenos Aires, donde fueron operados, para continuar el tratamiento que asegure su vida, y esto no se tiene en cuenta a la hora de viajar», apuntaron.

Al tiempo que explicaron: «De 50 pacientes, más de 30 están en esta condición a lo que se suma el padecimiento permanente de la enfermedad crónica que sufren y la frustración de no poder ser tratados en la provincia».

Además reclamaron al gobierno que dicte un amparo para restituir el beneficio de los pasajes gratuitos que establece la ley 26.928, que desde hace dos meses, aproximadamente, no se cumple en San Luis.

De estos controles depende que las intervenciones sean monitoreadas con regularidad y los pacientes continúen valorados por los profesionales para evitar el rechazo o las complicaciones propias de las cirugías.

 

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