Obra pública: Amplían imputación contra Cristina

El fiscal Gerardo Pollicita analizó 15 contratos más que el gobierno kirchnerista otorgó a Lázaro Báez el último período. Este conjunto de licitaciones con las que se favoreció al dueño de Austral Construcciones fueron denunciadas por “numerosas irregulares” y según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, el fiscal junto a su par Ignacio Mahiques reitera que todo es parte de una “matriz de corrupción” destinada a favorecer al empresario K que ganó obras por $ 33.800 millones.

En el marco de la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública, la ex Presidenta deberá declarar el 31 de octubre, pese a haber solicitado la nulidad de su citación, el juez Julián Ercolini consideró que es justamente esa instancia en la que tiene “todas las posibilidades de defenderse y manifestar su desacuerdo” con la imputación.

Los quince contratos denunciados por Vialidad Nacional y que analizaron los Fiscales, muestran entre otras irregularidades el mismo “certificado de capacidad de ejecución” que las empresas deben presentar cada vez que licitan una obra. Este conjunto de obras tuvieron un valor de $ 15.000 millones con un promedio de sobreprecio superior al 30 % cada uno de los convenios.

Lázaro Báez no sólo presentó el mismo certificado para 15 contratos, sino que comprometió la misma maquinaria ya afectada a otras obras -en simultáneo- con cientos de kilómetros de distancia. “La capacidad de contratación anual de Austral se consumió al momento de adjudicarle la primera obra de este listado”, señala la denuncia inicial de Vialidad que retomaron Pollicita y Mahiques. Sabiendo que no iba a poder realizarlas, el Gobierno le adjudicó 15 nuevos contratos.

Los fiscales señalaron en el nuevo escrito que esta conducta “demuestra la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado”. Según los cálculos oficiales Báez recibió durante el kirchnerismo U$S 2.200 millones en contratos viales que en un 50 % no se concluyeron pero se cobraron con un promedio de sobreprecio del 65 %.

Además señalaron en esta ampliación de la imputación, que se “desviaron fondos de otras áreas de Planificación Federal hacia Vialidad Nacional” para “cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner”, expresa el escrito. Vialidad denunció en esta misma línea, que se terminó financiando obras en caminos que no estaban bajo la órbita del organismo nacional.

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