Si cualquier comentario publicado en Internet podrá ser considerado un "acto discriminatorio" y se invertirá la carga de la prueba (quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo es); las páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales deberán instar expresamente a sus foristas a evitar esos comentarios, serán responsables por lo que se publique en esos espacios y tendrán que "adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios", lo que podría ponerlos a un paso de la censura previa.
Aunque sus promotores pertenecen al corazón mismo del kirchnerismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el también kirchnerista Horacio Verbitsky, expresó en octubre pasado su "preocupación" al argumentar que la propuesta "pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión". A pesar de esa posición pública, que refleja divisiones en el propio oficialismo, el proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías, y avanza hacia las de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. En síntesis, podría tener media sanción antes de las primarias.
El proyecto también crea una nueva figura penal -algo especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas- al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios. A priori, los objetivos de la iniciativa son loables (lograr una sociedad mejor, más abierta y tolerante), pero su ambigua e imprecisa redacción deja la puerta abierta a todo tipo de abusos sobre la libertad de expresión individual, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todas las personas.