"Somos culpables", dijeron los narcos con impunidad en la gestión de Rodríguez Saá

Ocho integrantes aceptaron un juicio abreviado por narcotráfico y lavado de dinero. El cabecilla dirigía todo desde el penal, con impunidad. La banda funcionó durante el mandato de Alberto Rodríguez Saá.

Una organización narco con conexiones dentro y fuera del sistema penitenciario fue desarticulada tras una extensa investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo llamativo del caso: la banda operaba con total impunidad desde la cárcel, durante la administración del exgobernador Alberto Rodríguez Saá en San Luis.

El fiscal federal Cristian Rachid impulsó un acuerdo de juicio abreviado para ocho de los diez acusados, quienes aceptaron su culpabilidad y penas de hasta 12 años de prisión. Los otros dos implicados irán a juicio oral.

La investigación incluyó meses de escuchas telefónicas, seguimiento de movimientos financieros y vigilancia sobre el ingreso de estupefacientes. Según la causa, la banda tenía un plan aceitado para adquirir droga en Bolivia, ingresarla al país y comercializarla en el territorio provincial y más allá. Para ocultar el origen del dinero ilícito, simulaban actividades comerciales legales.

El cabecilla del grupo —quien ya se encontraba cumpliendo una condena— continuaba coordinando las operaciones desde el penal, haciendo uso de teléfonos celulares, contactos externos y una red de complicidades. Las escuchas revelaron su rol activo en cada etapa del negocio.

“Nos encontramos con una estructura delictiva que operó durante años en plena administración pública provincial, con zonas liberadas y nula fiscalización dentro del servicio penitenciario”, señalaron fuentes del caso.

El hecho de que el líder manejara la organización desde prisión durante la gestión de Rodríguez Saá genera fuertes críticas sobre el nivel de control institucional durante ese período. La impunidad con la que se movía la banda plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y la complicidad de actores estatales.

Para los investigadores, este caso no solo representa un golpe importante al narcotráfico en la región, sino que también deja al descubierto una deuda estructural del Estado provincial en materia de seguridad y control penitenciario.