Cuadernogate: EE.UU. comienza a investigar a empresas argentinas

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha su maquinaria anticorrupción por las noticias que surgen desde Comodoro Py. Envió a Buenos Aires a emisarios que durante los últimos días recolectaron datos sobre los cuadernos de las coimas y otras pesquisas que involucran a varias empresas argentinas.

Los emisarios fueron dos: Uno por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés); el otro, por la Comisión de Valores (SEC, en inglés) y mantuvieron múltiples reuniones. Entre otras, con los investigadores a cargo de la pesquisa que comenzó con las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno , y con los fiscales locales que tramitan dos expedientes sobre Techint.

Los emisarios aterrizaron en Ezeiza con un objetivo formal. Participar en un evento sobre «soborno trasnacional» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) local y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Pero ya en Buenos Aires pidieron reunirse con quienes investigan a empresas argentinas que cotizan en Wall Street con acciones conocidas como «ADRs». Las empresas que quedaron así en la mira son Techint -a través de Ternium y Tenaris-, Corporación América y Pampa Energía, por cuadernos de las coimas, y el Banco Macro, por el caso Ciccone , que arrastra pedidos del fiscal federal Jorge Di Lello y la declaración del ahora arrepentido, Alejandro Vandenbroele que el juez federal Ariel Lijo posterga desde noviembre del año pasado. ¿Qué buscaron los enviados del DOJ y del área de «Cooperación Internacional» de la SEC, que indicaron que antes habían colaborado con la investigación brasileña Lava Jato? Dar los pasos preliminares para determinar, en Washington, si abren investigaciones basadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero» (FCPA, en inglés). Esa norma estipula sanciones civiles y penales para las empresas que van desde multas millonarias hasta la suspensión para obtener contratos con el gobierno estadounidense y organismos multilaterales, y multas y penas de hasta 20 años de prisión para sus accionistas, ejecutivos e intermediarios, entre otros.

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