Volvió a trabarse la ley para expropiar bienes de corruptos

Pinedo y Pichetto no acuerdan el procedimiento y los K piden incluir delitos financieros. Vuelve a intentar el 7.

La ley de extinción de dominio, que habilita al Gobierno a expropiar bienes originados por delitos como la corrupción, volvió a trabarse en el Senado tras un intento fallido de Federico Pinedo por imponer un dictamen sin mayoría propia en el plenario de comisiones.

Lo detuvo el Justicialismo, el kirchnerismo y también su compañero del PRO Ernesto Martínez, que ante la falta de consenso pidió no firmar ningún despacho hasta que no haya una negociación fructífera.

«La ley aprobada en Diputados hace dos años es un mamarracho y si la modificamos por mayoría simple la podrían ratificar. Negociemos un proyecto mejor. Háganme cargo a mí», propuso el cordobés ante la mirada de asombro de Pinedo.

Lejos de esa estrategia, el presidente provisional estaba dispuesto a que haya varios dictámenes y jugar a suerte y verdad en el recinto, donde tendría su tribuna para acusar a la oposición de cajonear la ley por dos años y proteger a los corruptos.

Es que aquella media sanción surgió con las imágenes frescas de José López arrojando bolsos de dinero a un convento y para la oposición carece de garantías mínimas. «Se parece a un organismo de la dictadura», llegó a decirle a Germán Garavano el jefe del Justicialismo Miguel Pichetto, víctima de un feroz ataque de los trolls por demorar la ley.

El año pasado intentó negociar un texto alternativo pero claudicó al no haber certezas de su sanción en Diputados. Tampoco la tienen ahora pero, como dijo Martínez, si la ley es aprobada con dos tercios la Cámara vecina necesitaría esa mayoría para ratificar la versión original. Y no sería fácil que la consiguieran.

Por si algo le faltaba a esta polémica se sumó el kirchnerismo, que propuso incorporar a la expropiación los bienes producidos o equivalentes a delitos financieros, como manejo de información privilegiada y de cuentas offshore, que involucran a funcionarios del Gobierno. «También a quienes entreguen dádivas y han sido corruptores», sugirió la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

A Pichetto y Rodolfo Urtubey no les pareció mal la idea pero Pinedo la rechazó de inmediato. «Esta ley baja el umbral de garantías de los ciudadanos y por lo tanto es para atacar delitos complejos: narcotráfico terrorismo, trata y corrupción», se atajó.

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