Un proyecto propone crear un Defensor Público en Redes Sociales

Se trata de una iniciativa del diputado por Córdoba Juan Brugge (UNA). Qué facultades tendrá el nuevo ombudsman.

El proyecto de ley que presentó el diputado Juan Brügge seguramente dará mucho que hablar. El legislador por Córdoba, que pertenece a Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), quiere crear una Defensoría Pública en Redes Sociales de Contenidos Digitales. Las críticas que recibió la propuesta se centran en las atribuciones del nuevo ombudsman. Es que, si la iniciativa prospera, la autoridad designada podría ordenar la suspensión de sitios o usuarios.

El nuevo organismo, que funcionaría en el ámbito del Poder Legislativo nacional y contaría con independencia funcional, tendría entre sus funciones la protección de las personas ante “hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales” en internet.

De acuerdo con la iniciativa, la “como misión fundamental” de la Defensoría es la “protección de los derechos de las personas físicas y jurídicas frente a los actos, hechos y expresiones que causen un grave perjuicio a sus derechos constitucionales, a través de cualquier tipo de redes sociales, sean estas digitales, fijas o móviles, en particular internet y cualquier otra plataforma digital existente o a crearse en el futuro de transmisión de datos”.

El proyecto propone que la Defensoría esté a cargo de un ciudadano que ostentará el título de “defensor público en Redes Sociales de Contenidos Digitales”. La designación de este nuevo ombudsman le corresponderá al Congreso de la Nación.

Entre sus funciones se destaca la de “exigir la inmediata solución de comportamientos ofensivos, agresivos o contrarios a la dignidad humana por medio de las redes sociales; promover y difundir el buen uso de las redes sociales y defender a las personas humanas y jurídicas ante la vulneración de sus derechos constitucionales a través de las redes sociales”.

También son atribuciones del funcionario “investigar mediante la Denuncia de Habeas Data Administrativo, los comportamientos perjudiciales e inapropiados en las redes sociales; determinar si procede la denuncia y emitir una resolución, disponiendo el bloqueo temporal de un sitio y/o perfil en las redes sociales; actuar de oficio, para detectar los comportamientos perjudiciales e inapropiados que se vuelven virales en las redes sociales”, entre otros.

Según el proyecto, el defensor tendrá la capacidad de ordenar la suspensión temporaria de sitios o usuarios de redes sociales en plazos que pueden ser de 30 a 60 días.

La Fundación Vía Libre, que dirige Beatriz Busaniche, manifestó en los últimos días su “enorme preocupación” por la “vocación censora” del proyecto. La iniciativa de Brügge, apuntaron, “se riñe con los principios más elementales de la doctrina de libertad de expresión”.

“Lo más preocupante de la iniciativa tiene que ver con las atribuciones del mentado defensor, ya que se le dará la posibilidad de bloquear tanto contenidos como usuarios de forma inmediata e inaudita parte, es decir, sin derecho a réplica alguno”, señalaron en un texto que fue publicado en la web. “El bloqueo de usuarios es de una gravedad inaudita y constituye sin lugar a dudas una flagrante amenaza al orden constitucional”, explicaron.

Desde la Fundación advirtieron que la eliminación de contenidos “entra en flagrante contradicción con los principios de libertad de expresión contemplados en la Constitución Nacional y en la ley 26.032, así como en los tratados internacionales de derechos humanos”. En este marco, señalaron que la Convención Americana “especifica que está prohibida toda forma de censura previa y los autores de contenidos dañosos serán sujetos de responsabilidades ulteriores”.

“Si una expresión causa daño, existen los mecanismos apropiados en el sistema legal vigente. La creación de esta figura es evidentemente un recurso fuera de lugar, que además enfrentará enormes dificultades en su accionar. ¿Cómo hará el propuesto defensor para dar de baja un contenido o bloquear un usuario de una empresa que está radicada en los EEUU donde la ley vigente es tan amplia y garantista como la Communications Decency Act? ¿Podrá ir el propuesto defensor contra la primera enmienda de los EEUU? La cuestión jurisdiccional demuestra que la propuesta, además de desproporcionada, es inviable y carente de todo sentido”, cierra el comunicado de la entidad.

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