Casanello y una diputada rastrean ruta del dinero K en Córdoba

En las próximas horas, la diputada nacional Liliana Schiwindt presentará en el Congreso Nacional un pedido de informes sobre uno de los involucrados en la la fianciera SGI.

La legisladora del Frente Renovador solicitará información sobre dos personas vinculadas con “La Rosadita”: Adrián Marcal Gago y Miguel Ángel Lamparelli. Ambos fueron procesados por el juez Norberto Oyarbide en 2013, por falsificar certificados truchos de la AFIP. La diputada cree que tenían una protección para delinquir, vinculada a la anterior gestión de Ricardo Echegaray.

Por otra parte, en el entorno de la diputada Elisa Carrió investigan las ramificaciones de la ruta del dinero K con la AFIP, fundamentalmente, en Quilmes. Todos los protagonistas tuvieron negocios en ese municipio en el que conocieron a otro procesado por Oyarbide, Marcelo Mallo, ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas.

En el juzgado federal de Sebastián Casanello confían en hallar parte del dinero de la ruta K en “inversiones” en firmas radicadas en la provincia de Córdoba. Allí se mencionan a Providus SA y AgroMóvil.

Para Schiwindt, “los investigados podrían ser testaferros de Lázaro Báez y, lo que es innegable, es que estos años, Echegaray fue cómplice porque nunca investigó ni cuidó nada. Ni con Báez ni con Cristóbal López”, explicó a Perfil.com la diputada.

El nombre de Adrián Gago estuvo tapado durante años, con excepción de una crónica periodística de Omar Lavieri y las menciones en Perfil.com. Supo ser amo y señor del local bailable de Quilmes “Mal de Amores”, que los vecinos denunciaban, a través de radios y portales locales, por “tener banca del municipio para vender de todo y funcionar ilegalmente”. El ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez intentó combatirlo, pero el poder de los “conocidos” de Aníbal Fernández fue más fuerte.

En ese contexto de protección política de la “década ganada”, el jefe de la División Fiscalización de Quilmes tenía una empresa constructora con un domicilio trucho. Jorge Gustavo Arce, tal como investigó Diario Hoy, asentó su dirección fiscal en Sarmiento 580 de Quilmes. En ese edificio vivía parte de la familia Elaskar, ex presidente de SGI que hoy dice que por su financiera pasó “media Casa Rosada”. La empresa era Conarsa del Sur SA, junto con José María Sacchi. Pero Arce no declaró trabajar en la AFIP.

Por esa razón, según dos involucrados en la “ruta del dinero K” que ofrecieron información a Perfil.com “son tantos los políticos que están preocupados, desde Florencio Randazzo a Amado Boudou, pasando por Roberto Porcaro –ex operador K todoterreno e impulsor de “La Néstor Kirchner”- y Roberto Baratta, funcionario cercano a Julio De Vido”, que el escándalo será mayúsculo. Se sospecha que la “banda” de Gago contaba con protección para operar y mover plata negra desde las más altas esferas del poder político kirchnerista.

“A Gago lo vi dos veces en mi vida” le explicó Leonardo Fariña a Perfil.com. La relación entre ambos no terminó de la mejor manera: la venta de un auto importado habría sido la gota que rebalsó el vaso. Gago fue jefe de informática de la vieja Dirección General Impositiva (DGI) en los ´90. Supo vincularse, tiempo después, a funcionarios de la AFIP y de la Aduana como Guillermo Michel y Carlos Sánchez –el único funcionario que Jorge Milton Capitanich pudo colocar en el gobierno nacional cuando fue jefe de gabinete-. Casualmente, lo hizo en la Aduana, poco después del escándalo de narcotráfico en El Chaco conocido como “Carbón Blanco”.

Se sospecha que parte de ese dinero sucio podría haberse blanqueado en el mercado legal a través de las firmas que Casanello y los diputados mencionados, investigan. Allí aparece Roberto Daniel Aljanati, radicado en Córdoba. Otro nombre que será noticia la semana próxima.

La ruta del dinero K contiene un punto en el que que convergen Lázaro Báez y Cristóbal López. Se trata de una millonaria estafa en el Banco Columbia en que Gago fue protagonista. El 20 de octubre del 2011, el director ejecutivo del Banco Piano recibió 109.125.845 de dólares por parte de Luis Modesto Cabrera. Gago era uno de los tres autorizados a retirar semejante suma de dinero, tal como publicó Adelanto24.

El juez Oyarbide, que procesó a Gago en el 2013, hoy lo busca desesperadamente. Se comenta que el supuesto estafador de la AFIP espera ansioso la “ley del arrepentido”. Sus conocidos y ex socios, como Mallo y el ex contador de Crónica TV, Natalio Bonavena, por estas horas, caminan por las paredes.

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