Rodríguez Saá entorpece el funcionamiento de la justicia y protege los actos de corrupción de Tamayo

Por orden del Gobernador el Juez Parrillis amedrentó al Concejal Araujo que denunció a Tamayo, además el Gobernador ordenó que Rentas esconda la información que perjudica al intendente.

El feudo vuelve a cruzar, una vez  más, todos los límites. La corrupción del pichón de Rodríguez Saá en la intendencia capitalina pone frente a la sociedad la forma más inescrupulosa de ejercer el poder. Un juez laxo desde lo intectuual como Ariel Parrillis encaja en el rompecabezas de personajes serviles a la dinastía.

El Concejal Guillermo Araujo denunció a Tamayo por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica, por el escandaloso convenio con la firma EDESAL; propiedad del empresario Kirchenerista Mario Ludovico Rovellla. El beneficio para la firma amiga de los Rodríguez Saá asciende a $ 25.000.000. Lejos de investigar semejante imputación el magistrado se dedica a perseguir al denunciante.

La barbarie se completa con la Dirección Provincial de Ingresos Público al negarse sistemáticamente a dar datos sobre el convenio fruto de un negociado a espalda de los vecinos.

Claramente Rodríguez Saá no sólo busca proteger a un minúsculo personaje como Tamayo, lo que hace es demostrar poder y cuidar los negocios de la familia, sus empresas y amigos.

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