Detuvieron al segundo de De Vido, Roberto Baratta, por presuntos sobreprecios

Fue tras el pedido del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de gas licuado.

Roberto Baratta, el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, fue detenido esta tarde luego de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara su detención junto a la del exministro de Planificación, Julio De Vido.
El arresto se produjo en el barrio porteño de Belgrano, tras la orden emitida por el juez en el marco de la causa que los investiga por presuntas irregularidades en la compra de gas licuando. De Vido no será detenido todavía, ya que para eso se le deben quitar los fueros parlamentarios.

La causa. En la causa que inició el fiscal Carlos Stornelli, se investigó la compra de los barcos de Gas Natural Licuado (GNL) que se importaron durante el Gobierno kirchnerista para abastecer las plantas radicadas en Bahía Blanca y Escobar.

El GNL que se descargaba debía ser regasificado en un buque que oficiaba a su vez de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución. Estas compras son las que se investigaron en la causa bajo la sospecha que hubo negociados.

La causa comenzó en 2014 con la denuncia de los entonces diputados nacionales Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes plantearon el presunto pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante.

En el expediente consta que la operatoria comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.

En ese momento las compras correspondían a la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido y quien declaró semanas atrás que las compras de GNL fueron para paliar una difícil situación climática que se vivió en 2007 y que el Estado debió "tomar medidas para paliar la necesidad de cubrir una creciente demanda de Gas con soluciones rápidas y eficaces". En ese marco sentenció que "jamás tuvieron como consecuencia un perjuicio al Estado y mucho menos implicaron algún tipo de relación personal con el objeto de cometer ilícito alguno".

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