Condenan a cuatro años de prisión a un hombre que vendía cocaína desde una gomería en calle Lamadrid

El juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, condenó a Lucas Román Figueroa a cuatro años de prisión por comercializar estupefacientes desde una gomería y lavadero de autos ubicado sobre calle Lamadrid, en la capital provincial. La sentencia se dictó mediante un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa oficial y el acusado, luego de una investigación que permitió documentar operaciones de venta de cocaína y establecer que el establecimiento funcionaba como punto de distribución de drogas.

La causa comenzó el 22 de enero de 2025, cuando una denuncia anónima alertó a la División Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. Según la información recibida, las ventas se coordinaban telefónicamente y los compradores acudían al establecimiento para retirar las sustancias. A partir de esa presentación, la Unidad Fiscal Federal inició una investigación que se extendió durante aproximadamente ocho meses.

Entre febrero y julio de 2025, los investigadores realizaron al menos 15 jornadas de vigilancia sobre el inmueble de calle Lamadrid. Durante esos operativos observaron la llegada frecuente de personas a pie, en bicicletas, motocicletas y automóviles, que ingresaban al negocio y se retiraban pocos minutos después. También lograron identificar e interceptar a compradores, a quienes les secuestraron sustancias que posteriormente fueron sometidas a pericias químicas.

Las averiguaciones se extendieron a otros domicilios y a un bar ubicado sobre avenida Illia, donde los investigadores registraron movimientos que consideraron vinculados con el almacenamiento y la venta de estupefacientes. El 23 de septiembre de 2025, la Policía recibió información de que Figueroa se encontraba distribuyendo drogas en un automóvil por el barrio 500 Viviendas Norte, por lo que organizó un operativo para interceptarlo.

El procedimiento se concretó sobre calle Polo Godoy Rojo, cuando el acusado circulaba en un Volkswagen Gol. Durante la requisa, los efectivos encontraron 11 envoltorios con cocaína, que pesaban en conjunto 65,76 gramos, además de $38 mil, dinero chileno y un teléfono celular. Dentro del vehículo descubrieron una balanza de precisión escondida debajo de la alfombra del piso trasero.

Posteriormente, la Justicia autorizó la ejecución de allanamientos en los inmuebles incluidos en la investigación. En el conjunto de los procedimientos se secuestraron 464 gramos de cocaína distribuidos en 146 envoltorios, 34 gramos de marihuana, balanzas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y materiales utilizados para fraccionar drogas. Según la estimación policial de aquel momento, las sustancias incautadas tenían un valor cercano a los $11 millones en el mercado ilegal.

La Fiscalía presentó como pruebas los resultados de los seguimientos, las declaraciones de los policías, las pericias químicas y los elementos secuestrados. El fiscal Emmanuel Basterrechea solicitó una condena de cuatro años de prisión efectiva, una multa de 45 unidades fijas y el pago de las costas judiciales. La defensa y el acusado aceptaron el acuerdo, que finalmente fue homologado por el juez Maqueda.

Entre los principales puntos de la sentencia se destacan:

• Condena: cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de drogas.
• Multa: 45 unidades fijas, además de las costas y accesorias legales correspondientes.
• Prisión domiciliaria: autorizada por la situación familiar del condenado, que tiene seis hijos, entre ellos una adolescente con discapacidad intelectual bajo su guarda judicial.
• Decomiso: $39 mil destinados a la Escuela Rural N° 198 Escuela Federal Argentina, además de un teléfono, una balanza digital y las sustancias estupefacientes.

La prisión domiciliaria fue autorizada teniendo en cuenta también que la pareja conviviente de Figueroa atraviesa un embarazo de riesgo. El condenado deberá permanecer en la vivienda autorizada, aceptar los controles correspondientes y solicitar permiso judicial para cualquier salida, salvo situaciones excepcionales justificadas. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y su traslado a una unidad penitenciaria.