El Gobierno cobra por cada efectivo contratado la suma de $11.200, mientras que al policía que realiza el adicional le paga $7.000. Otro millonario negocio a costa del trabajo de los uniformados.
Finalmente Alberto se decidió y abrió oficialmente la empresa de seguridad estatal por la que pretenden facturar millones al año con una ganancia del 40%. Los perjudicados, como siempre, los trabajadores, aquellos policías que para completar un sueldo acorde a los tiempos inflacionarios que se viven realizan adicionales.
En un nota dirigida a las empresas o particulares que deseen contar con los servicios de la policía sanluiseña en concepto de tareas adicionales se deduce la cifra que percibe el gobierno, para ello el contratista debe pagar una tasa en rentas de acuerdo al requerimiento que realice sobre los efectivos de la fuerza.
Enterados de la novedades en materia económica y empresarial que Alberto lleva delante el malestar en la fuerza se hizo sentir y promete nuevos capítulos de una novela que cuenta la historia de una tensa relación donde se mezcla el abuso y el poder.