El próximo martes la Cámara de Diputados podrá convertir en Ley la Emergencia en Seguridad, lo que le permitirá a Alberto Rodríguez Saá hacer una purga en la fuerza. Lo acompaña el Frente Para la Victoria y tiene el rechazo de Cambiemos.
Alberto Rodríguiez Saá está obsesionado con la policía, por eso armó una iniciativa que llevó a la legislatura para contar con la herramienta legal que le permita llevar adelante una especie de caza de brujas contra la fuerza de seguridad.
La denominada Emergencia en materia de seguridad regirá por un año con la posibilidad de prorrogarse por otros doce meses. En el articulado queda bien en claro el espíritu de la norma que autoriza al Gobierno, entre otras facultades, a "reasignar funciones y destinos a todo el personal de la Policía provincial, Seguridad Vial, Concertación con la Comunidad, San Luis Solidario, Servicio Penitenciario y otros organismos relacionados".
"Es causa suficiente para poner en disponibilidad al personal de la Policía de la Provincia de San Luis y el Servicio Penitenciario en caso que se produzca la pérdida de confianza por actos que afecten el prestigio de la institución o los objetivos de la presente ley", reza textualmente el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
Además establece que el Ejecutivo tendrá la "facultad de intervenir comisarías y/o dependencias policiales cuando se cometieran delitos, sospechas de irregularidades y/o cuando las circunstancias del caso lo ameriten".
Este último martes se emitieron dos despachos de comisión, uno de Compromiso Federal conjuntamente con el Frente Para la Victoria y otro de Cambiemos, este último busca otorgarle derechos a los efectivos policiales y no quitárselos como pretende el Gobierno.
"El policía no puede reclamar por sus derechos laborales, no puede protestar por las condiciones de trabajo y además pone en riesgo su vida. Es un desacierto pensar que pasando a disponibilidad a todas las fuerzas de seguridad se resolverá la crisis de equipamiento e infraestructura que existe en la Policía Provincial”, señaló el titular del Bloque Cambiemos Alejandro Cacace.
En octubre de 2006, Alberto Rodríguez Saá declaró por decreto la Emergencia en Seguridad. Anunció cambios en los códigos contravencional, criminal y procesal y una nueva organización de la policía local, ya que no estaba conforme con los índices de seguridad que tenía el territorio provincial.
En una conferencia realizada en la medianoche del jueves 5 de octubre de 2006, el mandatario fundamentó sus decisiones durante una exposición que duró una hora y que se concretó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que estuvo colmada de funcionarios y legisladores oficialistas.
Además sostuvo que formaría la división Asuntos Internos, para "velar por las conductas y el prestigio de cada uno de los policías" y tendrá a su cargo hacer saber "qué parte de la policía nos está fallando" a fin de establecer "en qué lugares hay negligencias o zonas liberadas".
Ese mismo mes envió a la legislatura el proyecto que fue aprobado, un año más tarde los legisladores prorrogaron la emergencia. A juzgar por los antecedentes y los hechos delictivos que se suscitaron en aquellos años la medida resultó ser una puesta en escena.