El gobernador de Claudio Poggi anunció una fuerte reducción en la estructura política del Estado provincial al disponer un recorte del 30% en cargos políticos y funcionarios, en el marco de una política de austeridad destinada a ordenar las cuentas públicas y priorizar áreas sensibles como salud, seguridad, educación y viviendas.
La decisión forma parte de un plan de reorganización administrativa impulsado por el Ejecutivo provincial, que busca disminuir el gasto político y redireccionar recursos hacia servicios esenciales para los sanluiseños. Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a “hacer más eficiente el funcionamiento del Estado” y acompañar el esfuerzo económico que atraviesan muchas familias.
“El ajuste empieza por la política”, remarcaron desde la administración provincial al explicar que la reducción alcanzará distintos niveles de la estructura gubernamental, incluyendo cargos jerárquicos y funciones administrativas designadas políticamente.
Según trascendió, los fondos que se liberarán a partir de esta decisión serán destinados principalmente a fortalecer el sistema de salud pública, reforzar políticas de seguridad y sostener inversiones educativas y en viviendas en toda la provincia.
La medida fue interpretada en ámbitos políticos como una señal de fuerte disciplina fiscal por parte de la gestión de Poggi, que desde el inicio de su mandato viene insistiendo en la necesidad de administrar los recursos con “responsabilidad y transparencia”.