Escándalo por la muerte de un preso, presentaron la denuncia ante la justicia

La denuncia se radicó en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la ciudad de San Luis, la denuncia penal por abandono de persona seguido de muerte y abuso de autoridad, a raíz de la muerte del interno penitenciario Diego Ernesto Gil, producida el jueves de la semana anterior. La denuncia, si bien es sobre personas indeterminadas, pide al juez que “brinde especial atención a las responsabilidades funcionales de los Jefes del Servicio Penitenciario Provincial; al Personal que ejecutó las órdenes de sus superiores y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis”

El fallecimiento del detenido Diego Gil, constituye un típico caso de “muerte en custodia” y que según los dichos de la familia, se produjo por la falta de atención médica dentro de la penitenciaría, pese a los reiterados pedidos que hizo cuando se sintió mal y con dificultades para respirar. Los testimonios recogidos indican que el preso fue castigado y aislado en una celda donde permaneció cinco días, desnudo y sin ninguna atención, en jornadas que se registraron bajas temperaturas a raíz de las últimas nevadas que se produjeron en San Luis.

La madre del fallecido Gil, asegura que su hijo ingresó al Complejo Sanitario San Luis, en una silla de ruedas y con una sábana que lo cubría, como toda vestimenta. Allí, los médicos que lo atendieron le indicaron a la familia que padecía un severo cuadro pulmonar, que luego se convirtió en la neumonía que le provocó la muerte.

La familia desconocía que pudiera sufrir HIV. De cualquier modo, si así hubiera sido, entienden que con más razón debió haber recibido atención médica adecuada para su dolencia, pero eso jamás sucedió.

Gil, permanecía detenido en la cárcel de San Luis en cumplimiento de la prisión preventiva dictada en Villa Mercedes, acusado del cometer delitos contra la propiedad.

La denunciante es su madre, Yolanda Bengolea, quien lo hizo con el patrocinio de los abogados Ricardo Bazla y Lucio Pereira y el escrito fue radicado por ante el juez Ariel Gustavo Parrillis.

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