«En San Luis se busca proscribir a la oposición», la columna de Despouy en La Nación

El ex relator de las Naciones Unidas sobre Independencia de la Justicia, denunció la estrategia de Rodríguez Saá: «pretende impedir la participación de todos los candidatos del frente que sacó casi el 60% de los votos».

Leandro Despouy realiza, en una nota de opinión para La Nación, un exquisito análisis de la realidad política y judicial de la provincia. El ex presidente de la Auditoría General de la Nación, escribió para el matutino la columna que compartimos a continuación.

En San Luis se busca proscribir a la oposición

Una justicia provincial militante intenta dejar fuera de las elecciones de octubre al frente que venció en las PASO al oficialismo de los Rodríguez Saá.

Son muchos los aspectos que dan notoriedad pública a lo ocurrido en las PASO celebradas en la provincia de San Luis, donde el frente opositor Avanzar y Cambiemos por San Luis asestó una dura derrota a los hermanos Rodríguez Saá, que ejercen el poder sin interrupciones desde 1983. Lograron reunir el 57% de los votos, el mayor porcentaje de sufragios en todo el país.

A pesar del categórico mensaje de cambio que contienen estos resultados, aún perdura en la justicia provincial la voluntad manifiesta de impedir en las próximas elecciones, el 22 de octubre, la participación de los candidatos locales del espacio que venció por casi 20 puntos al oficialismo.

La persistente intromisión de la Justicia en las cuestiones internas de los partidos políticos y su dependencia del Poder Ejecutivo continúa siendo un rasgo dominante en San Luis, lo que explica las múltiples solicitudes de intervención del Poder Judicial provincial.

Los antecedentes son muchos y algunos, memorables. Basta recordar el duro revés judicial que vivió la provincia en 2004 con la sentencia de la Corte Suprema en el conflicto de las dos intendencias de la capital puntana. En esa ocasión, el alto tribunal tuvo conceptos sumamente críticos de la justicia local.

Todavía no nos hemos repuesto del impacto internacional que tuvo la condena a la provincia de San Luis por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la destitución ilegal de las juezas Adriana Beatriz Gallo, Ana María Careaga y Silvia Susana Maluf de Christin. Próximamente se abrirá el juicio oral y público encargado de dirimir el bochornoso escándalo de los jueces que debían entregar sus renuncias antes de asumir el cargo y en el que uno de los principales acusados, Sergio Freixes, integra nuevamente el gabinete de ministros.

Ahora, la última maniobra del oficialismo pretende impedir la participación de todos los candidatos del frente que sacó casi el 60% de los votos y oficializar sólo la lista de los candidatos que sacaron menos del 1% de los sufragios en las primarias abiertas y simultáneas provinciales (PAS), celebradas el 30 de julio. Esta decisión, que tiene un amplio rechazo en la comunidad de San Luis, suscitó un nuevo pedido de intervención de la Justicia por el bloque de diputados nacionales de Cambiemos.

Lilia Ana Novillo, presidenta del Superior Tribunal de la provincia, defendió con ardor la imparcialidad de su fallo, reconociendo su condición de militante histórica del oficialismo en el poder, hecho que acredita su larga trayectoria. También protagonizó un curioso suceso reciente: renunció al alto tribunal para competir como candidata del oficialismo provincial a intendenta de la capital puntana y, seis meses más tarde, luego de sufrir en las urnas una estruendosa derrota electoral, fue nuevamente elegida para ocupar el cargo que actualmente ocupa. Difícilmente exista en los anales judiciales del país un ejemplo similar.

Los jueces deben fallar conforme a los hechos y al derecho, y no sobre la base de conjeturas interesadas de activos militantes de fracciones políticas en el poder.

Las primarias provinciales -convocadas sólo dos semanas antes de las PASO generales del 13 de agosto- desembocaron en un rotundo fracaso, ya que menos del 1% del padrón concurrió a las urnas, expresando un contundente rechazo a la maniobra del oficialismo. La única lista que participó estuvo lejos de obtener el 1% de los votos. Por eso resulta jurídica y políticamente inaceptable que se pretenda oficializar sólo esa lista y proscribir a los candidatos presentados en forma regular ante la junta electoral por los cinco partidos que integran el espacio opositor.

A raíz de la gravedad y las enormes distorsiones que se generarían en la representación política local, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y Senadores y varios municipios, el tema ha sido presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la que se espera un próximo pronunciamiento. Por ahora el alto tribunal ha solicitado la totalidad de las actuaciones labradas por la junta electoral y la integridad de las actuaciones judiciales debido a la demora en la que ha incurrido la justicia local para decidir sobres los recursos de apelación presentados.

Además de insistir en la necesidad de que la decisión de los tribunales debe realizarse en tiempo útil para la eficacia de sus decisiones, por unanimidad la Corte Suprema se aboca a examinar el amparo expresando la importancia del caso, su estrecha vinculación con la transparencia de los actos eleccionarios y con la necesidad de que éstos se desarrollen de conformidad con las normas legales y constitucionales.

Fueron muchos los obstáculos que debieron superarse para que el ex gobernador Claudio Poggi, uno de los principales líderes del frente, pudiera ser candidato a senador nacional. Primero, una intensa campaña de desprestigio; luego, una pluralidad de denuncias judiciales, que no prosperaron pero traducían el claro propósito de una persecución. Más tarde fue una larga vigilia de tres días y tres noches en las puertas de los tribunales, que contó con el apoyo de las principales fuerzas de oposición, lo que permitió vencer la fuerte hostilidad de la justicia provincial, que finalmente terminó por reconocer a Avanzar como una nueva fuerza política autónoma e integrar, junto a la UCR, Pro, Libres del Sur y el PDI, el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis.

No obstruir sino promover y facilitar la máxima participación en las democracias representativas es un principio sagrado de alcance universal. Las constituciones y los tratados consagran la autonomía de los partidos políticos y depositan en sus instancias internas la elección de los candidatos que habrán de someter al escrutinio de la ciudadanía.

Aceptar la intromisión de la Justicia, más aún cuando ésta reconoce su origen militante, abre la posibilidad a las peores arbitrariedades y abusos, en particular cuando el poder captura a la Justicia o ésta se entrega al poder.

De consumarse la prohibición de participar en las elecciones del 22 de octubre a los candidatos locales del frente que ganó, por amplio margen, las elecciones de diputados y senador nacionales en las últimas PASO, se estaría configurando la más flagrante violación de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía de San Luis y un caso inigualable -lo digo en tono desafiante- en todo el escenario nacional.

En el orden internacional, la jurisprudencia es conteste y en forma categórica condena los Estados donde la justicia ha jugado un papel obstructivo de los procesos electorales, como aconteció en Venezuela, donde los tribunales judiciales han tenido un rol decisivo en la profundización de la crisis y el deterioro institucional.

Un principio fundamental, inherente a la independencia de la Justicia, es el de responsabilidad, y está dirigido sobre todo a los jueces, que tienen la obligación de garantizar la vigencia de la Constitución y -por tanto- el deber inexcusable de respetar la voluntad popular. La justicia de San Luis debe cambiar y toda la ciudadanía espera, con ansiedad y urgencia, ese cambio.

http://www.lanacion.com.ar/2064544-en-san-luis-se-busca-proscribira-la-oposicion

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