Habrá un centro de detención exclusivo para inmigrantes ilegales

Los gobiernos de la Ciudad y de la Nación firmaron un convenio para abrir en el barrio porteño de de Pompeya un centro destinado exclusivamente a alojar a infractores de la Ley de Migraciones, lo que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos.

El convenio apunta a personas que “ingresaron ilegalmente al territorio” o tienen “dictamen judicial previo a la expulsión”, y establece que permanecerán en el edificio de Pasaje Alfredo Colmo 3860, en carácter de “comunicados” y “a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)”.

Pese a que la fecha de vigencia para la habilitación del centro de alojamiento de infractores a la Ley 25.871 quedó fijada para el próximo 1ro de septiembre, tras mejoras edilicias previas, fuentes de la DNM informaron a la agencia de noticias Télam que “el inmueble aún no está disponible”.

La decisión de abrir un centro de retención para migrantes en Argentina fue rubricado el 19 de agosto pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par de Ciudad de Buenos Aires, Fernando Ocampo; y el titular de la DNM, Horacio García.

La noticia, que se difundió en la página web oficial de Migraciones, despertó la inquietud de diferentes organizaciones sociales. Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que, desde la organización, desalientan “la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio. Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias”.

Desde la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, Lourdes Rivadeneira explicó que “sea o no migrante quien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias”.

Según Rivadeneira, “la preocupación responde a que no nos han informado sobre una decisión que puede afectar las migraciones por la condición de ‘irregularidad’, que es una problemática social que hay que atender y que muchas veces ocurre por ser parte de un círculo vicioso”.

Las entidades no admiten que haya inmigrantes más ilegales que otros por ser infractores administrativos y mencionó a grupos vulnerables como “las mujeres dominicanas que ingresan al país por tráfico o trata de personas; o los senegaleses, a quienes el Estado debería regularizar en vez de criminalizar”.

Fuentes ministeriales afirman, sin embargo, que la intención de la medida no es, de ninguna manera, criminalizar la inmigración, sino disponer de un espacio acorde para alojar a aquellos que, por diferentes situaciones, estén a punto de ser deportados, evitando así que queden detenidos en las instalaciones de las fuerzas de seguridad de puertos, aeropuertos y pasos de frontera.

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