El fiscal Federico Delgado dio impulso así a la denuncia hecha por el diputado Norman Darío Martínez.
Delgado hizo lugar a la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py por el diputado nacional kirchnerista por Neuquén, Darío Norman Martínez, quien presentó la primera denuncia penal contra Mauricio Macri luego del escándalo que se desató por la filtración de los papeles de Panamá Papers que involucra al mandatario argentino como miembro de dos empresas offshore.
En el dictamen que impulsa la investigación penal, Delgado admite que la investigación periodística internacional sirvió "para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera de la relación social capitalista; en particular, el uso instrumental de figuras societarias para eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Tampoco la relevancia institucional de quien devino imputado. No obstante, la labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá que determinar, como primer paso, si el Señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada."
El fiscal considera que, entonces, "como primer paso hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante."
"El segundo momento de la investigación es más complejo", dice el dictamen de Delgado. "Se vincula con determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es determinarlo."
Para comprobar si el Presidente cometió algún delito, la fiscalía sugiere que el juez que tome el caso recoja los documentos sobre las firmas off shore en las que figura Macri, que pida a la AFIP sus declaraciones juradas y que el titular de ese organismo redacte un "amplio informe" sobre "la dinámica tributaria" en el que se especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades off shore. Además, Delgado aconseja que se pida una opinión consultiva a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, "sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública."
Con respecto a la “vida societaria” de “Flag Trading LTD” y “Kagemusha SA”, el fiscal le pide al juez que pida informes a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
En su denuncia, el diputado Martínez había señalado “que todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones”.
Según el denunciante, Mauricio Macri “fue Director y Vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd. Que la mencionada sociedad fue armada por Mossack Fonseca, un estudio panameño conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales”.