La explotación pesquera alrededor de las Islas Malvinas se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos de la administración británica del archipiélago, con participación de embarcaciones extranjeras y empresas vinculadas con distintos países.
En 2022, las autoridades isleñas resolvieron extender por 25 años las principales Cuotas Individuales Transferibles destinadas a la actividad pesquera. Los nuevos derechos comenzaron a regir el 1 de enero de 2023 y garantizan la continuidad del esquema hasta 2047.
Un relevamiento realizado sobre datos de Global Fishing Watch detectó entre principios de julio y el 6 de agosto de 2026 embarcaciones con banderas de España, Corea del Sur y Ecuador, además de buques registrados en Taiwán, Vanuatu y territorios británicos de ultramar, operando en aguas próximas a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
España aparece como uno de los actores con mayor presencia debido a los vínculos comerciales y societarios entre empresas registradas en Malvinas y grupos pesqueros de Galicia. Corea del Sur también mantiene una participación histórica en las pesquerías del Atlántico Sur, principalmente en la captura de calamar.
Argentina sostiene que la explotación de recursos mediante licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas contradice su posición sobre la soberanía del archipiélago. Durante 2026, el Gobierno nacional también reforzó los mecanismos destinados a detectar posibles actividades de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.