Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, y permanecen en estado crítico tras ser atacados mientras cumplían funciones de seguridad. El episodio reavivó el debate sobre la seguridad interna y fue rápidamente capitalizado políticamente por el presidente Donald Trump.
En un primer momento, Trump afirmó que el sospechoso detenido era un extranjero procedente de Afganistán que había ingresado al país en 2021, durante la gestión de Joe Biden. El mandatario vinculó el hecho con la política de reubicación de afganos que colaboraron con Estados Unidos durante la guerra y reclamó una revisión inmediata de esos ingresos.
Con el caso todavía en desarrollo, distintas filtraciones señalaron que el atacante habría trabajado con el Ejército estadounidense en Afganistán e incluso habría tenido vínculos laborales con agencias gubernamentales como la CIA. Ese dato tensiona el relato simplificado de la Casa Blanca, que presentó el hecho únicamente como una amenaza externa asociada al terrorismo.
Trump calificó el ataque como un acto de odio y de terror, y prometió un castigo ejemplar para el tirador en caso de que sobreviva a las heridas que también sufrió en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El episodio fue utilizado por el presidente para reforzar su agenda de “tolerancia cero” frente a la inmigración de países que considera de alto riesgo.
“El animal que disparó contra nuestros dos guardias nacionales pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden”, declaró Trump.
Desde el ámbito de la seguridad, el director del FBI, Kash Patel, habló de un “espantoso acto de violencia” y confirmó que los dos guardias permanecen internados en condición crítica. Mientras las autoridades avanzan con la investigación, organizaciones de derechos civiles advirtieron que el foco exclusivo en el origen del sospechoso puede derivar en nuevos episodios de estigmatización contra la comunidad afgana residente en Estados Unidos.
El caso se inscribe en un clima político marcado por la polarización y por el uso recurrente de hechos de violencia como munición discursiva. La combinación entre un incidente de alto impacto, la cercanía geográfica con la Casa Blanca y el componente migratorio lo convirtió en un disparador inmediato de la campaña de seguridad que promueve la administración Trump.
El tiroteo abrió así un doble frente: por un lado, la urgencia sanitaria y judicial por esclarecer el ataque y atender a las víctimas; por otro, una nueva batalla política en la que la seguridad, la inmigración y la guerra en Afganistán vuelven a cruzarse en el centro del debate público estadounidense.