En una interesante nota la prestigiosa periodista Laura Rocha describe la situación del pueblo sanjuanino Jáchal, la contaminación con cianuro y plantea ¿Cuál es el poder de la Barrick?. San Luis y Mendoza podrían sufrir por los derrames de la minera canadiense.
A continuación compartimos la nota periodística:
Derrame de cianuro: ¿Cuál es el poder de la Barrick?
Para poder comprender cuál es poder que la empresa canadiense Barrick Gold tiene en San Juan y en la Argentina es necesario recordar algunos datos que he ido dando en este espacio. Como es de público conocimiento un derrame de cianuro, primer negado por la compañía, afecta hoy a los habitantes de Jáchal, en San Juan.
Con una irresponsabilidad inusitada el gobierno y la empresa se dijeron y desdijeron desde el inicio de los que ellos denominaron “incidente” hasta que la presión de los vecinos y las redes sociales obligaron a tomar cartas en el asunto. La realidad: 244.000 litros de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal. Prohibición de tomar agua; funcionarios denunciados y la mina Veladero, parada.
Según un estudio realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el yacimiento minero Veladero genera el 34% del PBI de la provincia de San Juan. ¿Es posible la independencia de una jurisdicción cuando se es tan dependiente? Barrick Gold Corporation es la minera multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Toronto (Canadá) y posee 25 minas operativas y proyectos en diferentes etapas de exploración y desarrollo en 15 países.
Su filial Barrick Sudamérica abarca las operaciones mineras de oro en Argentina (Veladero), Perú (Lagunas Norte y Pierina) y Chile, con una mina de cobre (Zaldívar). En la región cuenta además con el proyecto Pascua Lama (Argentina-Chile) hoy seriamente cuestionado por la justicia de ambos países, una participación del 75% en el proyecto Cerro Casale (Chile), y tiene un proceso activo de cierre de la minera El Indio (Chile).
Veladero está a aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar. Es una mina con diseño a cielo abierto, con minerales de oro y plata, que entró en producción en septiembre de 2005 y cuenta con reservas de 11,4 millones de onzas y con una vida útil estimada en 14 años.
Una de las “defensas” que se esgrime cuando se habla de ambiente y megaminería es que según la Constitución Nacional, la explotación de los recursos naturales corresponde a cada provincia. Pues bien con este caso vemos que se puede cumplir y violar este concepto al mismo tiempo. En la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia se detalla: ”Existirían derrames de cianuro sobre el río Jáchal que, por otro lado, este río cursa por San Juan para desembocar en las provincias de San Luis y Mendoza, afectando de esta manera y contaminando a una innumerable cantidad de personas de tres provincias”.
San Luis aprobó una ley en 2008, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saa que prohibe la minería a cielo abierto. Qué paradoja que una potencial contaminación de otra jurisdicción afecte y vulnere los derechos de otra.
Este accidente minero debería servir para dar una discusión seria con la planificación necesaria sobre la viabilidad de la megaminería en la Argentina. ¿Es posible que una provincia dependa de una empresa? Eso nos tenemos que preguntar.
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