Las disputas internas en el partido del gobernador en Villa Mercedes, parecen no tener límites. A las reiteradas actitudes patoteriles de la diputada Anabella Lucero, que llegó hasta la amenaza pública al periodista José Barroso, de la FM Acuarela, ahora se sumó el nuevo delegado de Viviendas en aquella ciudad. Se trata de Luis Zapata, un gremialista de los Molineros, que responde sin condiciones al vice gobernador Mones Ruiz.
El debut de Zapata se advirtió cuando empezó a “visitar” personalmente a varios de los 133 inscriptos desde hace muchos años, que están reclamando ser tenidos como prioridad en las únicas y precarias viviendas que ha construido Alberto Rodríguez Saá, en la zona que se conoce como “atrás de Lanín”, una vieja fábrica de hojalata, que cayó en la desprotección de la falta de políticas industriales del gobierno puntano, a partir de 2015.
Son casi cinco mil las familias que esperan sus viviendas en Villa Mercedes, pero solo 325 las casas de muy mala construcción, que dicen se entregarán en los próximos tiempos.
Zapata visita a algunos de los reclamantes y les promete que estarán incluidos en las listas de adjudicatarios, pero a la vez les pide (o exige) silencio para que no se entere el resto del grupo, que por su cuenta sigue protestando en cuanto lugar puede.
El intendente Frontera no es ajeno a la feroz interna por los cargos en el PJ de Pedernera y trata, con escaso éxito, de generar convocatorias en la sede partidaria a la que solo asisten sus funcionarios. Pero también se ha comprometido a hacer gestiones ante el gobernador para cubrir las expectativas de quienes han pagado todas las cuotas exigidas por el gobierno, y que sin embargo Guillermo Alaniz (otro hombre de Mones Ruiz) ya les anticipó que no están dentro de las prioridades.
Mones Ruiz dirige la Secretaría de Viviendas, con Alaniz en la provincia y Zapata en Villa Mercedes. Mones Ruiz también aspira a presidir el PJ Pedernera, por lo cual tiene en su contra a Maximiliano Frontera, a Anabella Lucero y al alicaído diputado nacional Carlos Ponce. Todos por un cargo partidario, mientras 133 familias esperan, con pocas esperanzas, que el gobierno les cumpla