Con las elecciones del pasado domingo, tanto Adolfo como Alberto Rodríguez Saá cerraron sus ciclos políticos en la provincia y cada uno definió su futuro. También los comicios sirvieron para ratificar al senador nacional Claudio Poggi como el líder de la oposición en la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá enfatizó estar decepcionado por el comportamiento de los electores y de quienes antes eran sus fieles seguidores.
“Hasta acá llegamos” fue la frase que quedó en los oídos de sus acompañantes. Seguirá seguramente con su cargo de senador nacional hasta que finalice el mandato, y de allí en adelante es una incógnita.
Dejó en claro que intentar gobernar la provincia de San Luis no estará en sus planes. No sólo por una cuestión biológica, sino por el resultado electoral del domingo. Salvo que esté organizando ya quién será su heredero o heredera política para el 2023, y acompañar desde su experiencia. Pero esta última opción sus allegados más cercanos la descartan casi totalmente.
Un intendente muy cercano a Adolfo sentenció “se jubiló de la política”. Lo mismo alguno de sus asesores legales, que lo conocen muy bien aunque haya intentado presentarse separado de su hermano, la estrategia era sumar votos de peronistas desencantados que jamás votarían a su hermano Alberto, con el peligro que esos votos fueran a Poggi.
Ese objetivo lo cumplió, y Alberto seguramente está agradecido, aunque admitir ser derrotado y entre tres candidatos fuertes salir tercero, no es algo que haya sido del agrado de Adolfo seguramente.
Pero tenía que cumplir para que Poggi no ganara la gobernación, sin dejar de pensar que podría haber logrado una mejor posición o conseguir más votos.
En el caso de Alberto Rodríguez Saá ya no puede ser reelecto. Seguramente el lector pensó que el título estaba equivocado, porque le quedan cuatro años y medio como gobernador al primer mandatario. Y es así.
Pero también es verdad que el poder real lo ha delegado en su heredero, su hijo Alberto, y entregó las llaves del partido justicialista a los amigos de su hijo. Por supuesto que va a seguir ejerciendo con mano dura el poder, guiando a su elegido, pero quien gobierna y seguirá gobernando la provincia desde las sombras es Alberto Hijo o Alberto Junior. El proyecto es Alberto Junior 2023 desde hace mucho.
Lo que se desconoce es la real capacidad estratégica del heredero para llevar adelante planes de gobierno, o si sus condiciones están limitadas al manejo de los medios de comunicación y a pensar en un creciente asistencialismo con diferentes planes. Lo seguiremos comprobando en los cuatro años y medio que quedan.
Por ahora es más clientelismo político, asistencialismo, prebendas, ver como enemigos a quienes piensan distinto, y un férreo control de los tres poderes, para que nada se escape de las manos.
Este modelo es el que ganó las elecciones provinciales, y lo sostienen tanto Alberto como Adolfo Rodríguez Saá.
Poggi se consolidó como el polo opositor al modelo Rodríguez Saá. No quedan dudas de esto. Los números mandan. Pero fue una lástima que se insistiera en la permanente violación de las leyes electorales por parte de los hermanos Rodríguez Saá, regalando colchones, frazadas, chapas, planes sociales, dinero a mansalva para asegurarse los votos. Y por supuesto pegado a esto, la intimidación, la amenaza permanente.
Estas actitudes de estar pensando permanentemente en la trampa, en el fraude electoral, no cambian para nada el resultado final, pero si lo nublan un poco. El triunfo está claro. No se discute. Para nada.
Pero es evidente que el oficialismo necesita de estas prácticas para asegurarse el resultado. Existían fundamentados temores por el resultado final, por eso estas actitudes.
Pero quién le dice, en una de esas Alberto no necesitaba nada de eso para ganar y que se pudiera hablar de su triunfo sin los nubarrones de cada elección. Pero el resultado no se discute.
El pueblo votó y eligió un modelo que es criticado desde hace tiempo por su falta total de planificación y carencias en salud, educación, seguridad, justicia, viviendas, trabajo y muchos temas más.
El futuro despejará las incógnitas si se dará un giro con estas carencias, o se continuarán y profundizarán las mismas porque los números no cierran.
El gobierno reelecto tiene un arma poderosa que la ejecutó en numerosas ocasiones. Despedir gente de los planes sociales o quitar becas o cualquier beneficio otorgado antes de las elecciones para ir equilibrando el presupuesto.
No es un invento. Hay ejemplos en estos tres años y medio de gente reclamando por haber sido despedida o por no haber cobrado algún mes.
Generalmente van compensando estas decisiones y rotando a los perjudicados, en el marco de un dañino plan de ahorro.
Recuerde que el oficialismo se negó a sancionar antes de las elecciones una ley que daba estabilidad a todos los trabajadores de los planes sociales. El gobernador se negó a eso. O sea que carecen de total protección legal. Pueden prescindir de ellos cuando quieran. Ojalá nada ocurra. Tengamos fe.
Y también existieron maniobras con dinero que es destinado a las elecciones y del que no se rinden cuentas, como hace dos años el subsidio por 80 millones a la Fundación de la señora Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo, y ahora los 50 millones a la Fundación Sol Puntano y muchos subsidios más, o la venta de 2.400 millones de pesos en títulos públicos y nadie sabe a qué se destinaron estas multimillonarias cifras. Ojo. El resultado no se discute.
La situación institucional y social de la provincia no es de las mejores. Lo que no debe suceder es que empeore.