En los últimos días el intendente de Merlo, Rody Flores, anunció que rechazaba $ 20 millones en obras provenientes de Nación y que priorizaba el corrupto sistema de obra pública de los Rodríguez Saá.
Resulta muy difícil pensar que la administración de Alberto destine obras para los municipios, más aún cuando priorizó en estos años megaobras como la Pedrera o el nuevo hospital central. En ese contexto, los vecinos de las diferentes ciudades de la provincia se perjudican, sobre todo cuando los intendentes se someten al sistema de la obra pública manejada por Felipe Tomasevich, auditada por Eduardo Mones Ruiz y fiscalizada por Alberto (H). El club de la coima dispone de un porcentaje para los intendentes que acepten obras pequeñas y desprecien las que llegan de Nación.
En contrapartida, por ejemplo en Merlo,el Gobierno de Macri propuso una serie de obras de infraestructura por $ 20 millones. El rechazo de Rody Flores se basó en priorizar los negocios personales. A los intendentes que buscan una porción de la corrupción provincial les resulta imposible aplicarla con la Nación donde los controles son estrictos, la rendición de cuentas se efectúa en plazos preestablecidos y el desembolso de dinero se realiza bajo la presentación de las certificaciones y el avance de las obras.