Conozca 5 razones más por las que Rodríguez Saá no firmó el acuerdo con Macri

Los hermanos Rodríguez Saá rechazaron el acuerdo con el Presidente porque perjudicaba sus arcas patrimoniales personales y la de testaferros como Carlos "Chancho" Sergnese. Estas razones se suman a la negativa de Adolfo para dejar de percibir la jubilación de privilegio como ex presidente, cobra mensualmente $ 160 mil.

En la semana San Luis volvió a ser noticia, el Gobernador envió a Capital Federal al Vice Carlos Ponce y a la ministra de Hacienda Zabala Chacur para decir "no" a cualquier propuesta que pudiera cerrar un acuerdo con la presidencia. La "necesidad" de rechazar las distintas variables de entendimiento obedece a cinco razones fundamentales en la vida personal de los hermanos y en el sometimiento económico que ejercen sobre la mayoría de los ciudadanos de la provincia.

1) Sergnese no podrá cobrar $ 120 millones de Honorarios

Se estima que la deuda reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación será cercana a los $ 6.000 millones  (no los $ 45 mil de los que habla el Gobierno Provincial ) https://www.google.com.ar/amp/www.ambito.com/amp/877262-coparticipacion-nacion-recalcula-en–5657-millones-la-deuda-con-san-luis

Conforme la ley de honorarios, al Dr. Carlos Sergnese le corresponde el 2%, algo así como $120 millones. De acuerdo a las fuentes nacionales consultadas por este medio el tema de los honorarios fue la principal traba para la no firma del acuerdo por la deuda, ya que Rodríguez Saá exigió que los $ 120 millones en cuestión los pagara el Estado Nacional, situación que no fue aceptada.

Por ello en la firma del Consenso, que todas las demás provincias firmaron ya que los juicios los inicio Fiscalía de Estado y no un abogado privado, se incluyó una cláusula en ese sentido:

• "Abstenerse de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, servicios o funciones, por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso. Desistir inmediatamente de los procesos judiciales ya iniciados relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, servicios o funciones, incluidos los enumerados en el Anexo II de este Consenso. En todos los casos, las costas serán soportadas en el orden causado, en todos los casos".

2) El Adolfo debería  pagar un Impuesto Inmobiliario anual de $ 1.500.000 por la mansión en Potrero

Conforme a la investigación realizada por el medio ZBOL, http://zbol.com.ar/3019-matrimonio-y-algo-mas, la mansión de Rodríguez Saá, estaría pagando $250 de Impuesto, que de firmarse el acta de Consenso con el gobierno Nacional pasaría a tributar $ 1.500.000, ya que se debería valuar a precio de mercado ( $75.000.00 y a una tasa del 2%).

Impuesto Inmobiliario en el Acuerdo:

• "Adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias y la CABA asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la determinación de la base imponible.
  Fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0.5% y 2% del valor fiscal establecido conforme lo previsto en el punto anterior".

 

3) El Alberto deberá derogar su Ley de Empleo Puntano

La firma del Consenso implica derogar leyes como la Ley de Empleo Puntano, aquella norma que aplica un impuesto a las empresas que contraten mano de obra de personas que nacieron en otra provincia.

Tributos sobre la nómina salarial (Acuerdo Nación – Provincias)

• Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable.
• Derogar todo tributo sobre la nómina salarial.

4) Rentas de la Provincia deberá modificar los regímenes de retención y percepción y devolver más de 540 millones de saldos a favor

Conforme las averiguaciones realizadas por El Puntano, existen más de $ 540.000.000 en "Saldos a Favor" en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes que la Dirección de Rentas de San Luis sistemáticamente pone trabas par devolverlos y/o compensarlos con otros impuestos .

Esto implica que el fisco de San Luis, se queda con dinero de los contribuyentes por más dinero de lo que el marco jurídico le permite, generando un ingreso sin causa  y un detrimento en el patrimonio privado del contribuyente, que una vez producido después es dilatado sistemáticamente mediante trámites administrativos que nunca se terminan  y obligan a los contribuyentes o sus asesores contables a darse por vencidos.

Qué dice el Acuerdo sobre el Impuesto de Ingresos Brutos

• Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el Convenio Multilateral, y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito local.
• Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder los 6 (seis) meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido por las jurisdicciones locales para esa devolución.

 

5) San Luis necesita recursos urgente para mantener el Gasto público generado para ganar las elecciones

El Acuerdo del Consenso establece un mecanismo de pago de las Deudas y compensaciones a 11 años y Rodriguez Saa necesita la plata Ahora. El Presupuesto de San Luis es de $ 26.000 millones y solo los merenderos y los nuevos planes sociales, en el año 2.018 le van a implicar 7.000 millones que no tenía previsto. Si a este gasto inicial se le suman los $9.600 millones de recursos humanos, solo en eso dos conceptos( $ 16.600 millones) el estado provincial ya superaría el 50% de los gastos corrientes, llevando a violar la ley permanente de presupuesto y olvidarnos de ese modelo de inversión en Obra Pública.

Alberto y Adolfo, generando un dispendio de gasto público para poder revertir las PASO, solo pueden "sobrevivir" si les entra dinero fresco que pretenden que salga de las arcas del Estado Nacional o del bolsillo de los contribuyentes por mayores impuestos.

Justamente la Argentina se está comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado que alivien la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores.

El Estado Nacional viene implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto  Bruto Interno (PBI), y prevé continuar ese programa con una reforma amplia y gradual de impuestos nacionales con el objeto de racionalizar la estructura impositiva, reducir impuestos y promover el crecimiento económico.

Esto lo entendieron el conjunto de provincia excepto los Rodríguez Saá, que van a contramano de la Argentina.

Mientras el país va a un esquema de reducción de impuestos y generación de empleo y promoción del crecimiento económico , San Luis aumenta los impuestos y genera un gasto publico discriminado a la generación de subsidios .

Sobre el tema el Acuerdo establece:

Compromiso de compensaciones mutuas

• Establecer un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones que aprueben el Consenso, por reclamos no alcanzados por los desistimientos previstos este Consenso. Los acuerdos deberán lograrse antes del 31 de junio de 2.018.
• Acordar antes del 01 de marzo de 2018el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este Consenso, con las provincias que aprueben el Consenso. Una vez celebrado ese acuerdo, esas jurisdicciones reintegrarán los títulos recibidos en marco del punto II.c del Consenso y los montos ya cobrados por tal concepto. Esos títulos y esos montos reintegrados serán redistribuidos entre el resto de las provincias titulares de bonos emitidos en el marco del punto II.c

Compensaciones a provincias

• Compensar, a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en  resultante de la eliminación del artículo  de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. La compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial –en sus ámbitos urbanos o rurales–.
• Actualizar trimestralmente en los años siguientes las compensaciones previstas en el inciso anterior con base en la inflación. c) Emitir un bono para todas las provincias y la CABA, excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por $ 5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos) en 2018, y $ 12.000.000.0000 (doce mil millones de pesos) por año a partir de 2019. Esos bonos serán distribuidos entre las jurisdicciones que aprueben el Consenso en función de los coeficientes efectivos de distribución resultantes del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos.

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