Afirman que el Gobierno quiere sacar a Odebrecht de la obra pública

De manera reservada, la Casa Rosada quiere que la constructora brasileña no participe más del consorcio que está haciendo la obra. La incomodidad por los casos de corrupción.

Sin estridencias, el Gobierno pretende transformar en presión un tanteo. El objetivo: que la multicondenada constructora Odebrecht quede afuera de la obra pública en ejecución con más alto perfil del país, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Dos fuentes muy calificadas de la Casa Rosada y del mundo empresarial admitieron este movimiento. En ambos casos, el argumento es el costo de imagen que se paga ante los escándalos por corrupción de la compañía brasileña, que no tienen freno.

Con su accionista y CEO detenido en Brasil, además de varios ex directivos y valijeros, la Justicia desnudó que Odebrecht participó en su país de origen y en todo el continente de extendidos pagos de coimas para la obtención de obras públicas. Por la delación premiada, la empresa abonó multimillonarias multas en Brasil, Estados Unidos (donde cotiza sus acciones) y otros países para poder atravesar el ciclón, dar vuelta la página y seguir operando. Hay hasta ex presidentes prófugos (como Alejandro Toledo, de Perú) por estos casos.

En sus declaraciones judiciales en Brasil y EE.UU., Odebrecht informó de pagos por unos 35 millones de dólares en la Argentina durante los años del kirchnerismo en el poder. Sin embargo, uno de los encargados de hacer esos pagos, el cambista Leonardo Meirelles, sólo recordó el nombre de Gustavo Arribas (actual jefe de la agencia oficial de Inteligencia, en la actividad privada en aquel momento y siempre muy amigo de Mauricio Macri) como receptor de transferencias bancarias, durante una videoconferencia con dos fiscales argentinos. De funcionarios K ni mu.

Obra en marcha. El soterramiento del tren Sarmiento es una megaobra muchas veces anunciada y lanzada, sobre todo en la gestión kirchnerista pero también antes, con alto impacto en el corredor oeste de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Está en manos del Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por Odebrecht, Iecsa (la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra, que vendió semanas atrás a Marcelo Mindlin), la española Comsa y la italiana Ghella.

Con un presupuesto estimado actualmente en 3 mil millones de dólares y con fecha de finalización aproximada en 2022, la obra siempre tuvo problemas graves de financiamiento. De hecho, Odebrecht lideró el consorcio ganador con la llave de un crédito blando del Bndes –el banco de desarrollo brasileño– que nunca se concretó. En esta etapa, la obra se sostiene con fondos del Presupuesto Nacional y se financia con créditos externos.

En la actualidad, el soterramiento del Sarmiento es la principal operación de Odebrecht en la Argentina (presente en el país desde 1987). Apenas le queda la construcción de un gasoducto en Córdoba y está por finalizar un contrato de potabilización de agua (con AySA) en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Hace un mes, la diputada Margarita Stolbizer les envió una nota a los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Dietrich, para que desplazaran a Odebrecht de las obras en los que el Estado Nacional la tiene contratada. Si el Gobierno moviera alguna pieza en ese sentido, seguramente la legisladora hoy aliada a Sergio Massa se adjudicará el crédito político.

Lo que desconocen, ella y la mayoría de los funcionarios, es que ya hubo señales del Gobierno hacia la compañía brasileña para que salga de la obra. Aunque fuentes de Odebrecht negaron la recepción de esos pedidos, existieron.

Es más, dentro del consorcio no se vería con malos ojos el desplazamiento de la constructora, siempre y cuando ello no impacte con el actual desarrollo del emprendimiento: el trabajo de la tuneladora por donde irán las vías subterráneas no se puede detener. No por casualidad, una constructora china pugnó con Mindlin por la Iecsa de Calcaterra. Y durante la visita que por estos días hace Macri a China, no se descarta que existan contactos reservados para buscarle reemplazo a Odebrecht, según dijeron las fuentes citadas a este diario.

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