El anuncio del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos fue presentado por el oficialismo como un hito para la política exterior y la apertura económica del país. Sin embargo, más allá del impacto político inmediato, buena parte de su aplicación práctica dependerá de lo que suceda en el Congreso, donde deberán tratarse varios de los compromisos asumidos.
Funcionarios que participaron de las negociaciones recordaron que se trata de un proceso por etapas: primero el anuncio, luego la firma del texto definitivo y, finalmente, la instrumentación interna. En ese último tramo aparecen los puntos más sensibles, ya que algunos capítulos del pacto exigirán cambios legales y la aprobación de tratados internacionales antes de que puedan entrar en vigencia.
Entre los aspectos que podrían requerir aval parlamentario se mencionan la adopción de estándares globales en materia de propiedad intelectual, compromisos regulatorios, ajustes normativos en temas laborales y medioambientales, y la eventual adecuación de la legislación argentina a lo que se pacte en la “letra chica”. Hasta que ese detalle no se conozca públicamente, el listado concreto de artículos a votar seguirá siendo una incógnita.
Voceros diplomáticos remarcan que el acuerdo no se limita a rebajas arancelarias, sino que incluye cláusulas sobre barreras no arancelarias, certificaciones, calidad regulatoria y reglas de juego para inversiones. Por eso anticipan que el oficialismo deberá abrir una negociación con las distintas bancadas para conseguir mayorías y evitar que los puntos clave del entendimiento queden frenados en el trámite legislativo.
En este contexto, el futuro del acuerdo dependerá tanto de la estrategia del Gobierno en el Congreso como del contenido final de la “letra chica”, que definirá hasta dónde llega el alcance del pacto y qué costos y beneficios concretos tendrá para la economía argentina.