El oficialismo no consiguió los votos necesarios para tratar, sobre tablas, la polémica modificación que pretende encubrir un acto delictivo de al menos siete ministros que ya fueron penalmente denunciados.

Este miércoles, y a menos de 24 horas de que la Cámara de Senadores modificara de manera arbitraria y sin justificativos, los diputados del oficialismo pretendían dar la media sanción final para modificar el Artículo 11 del Presupuesto Provincial que prevé la cantidad de contratos dentro de la administración pública. Dicha acción tiene un sólo fundamento válido, el de encubrir los actos violatorios de la legislación vigente por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo quienes firmaron, sin aval legal, contratos en plena campaña política buscando torcer la voluntad popular.

Finalmente no se trató en diputados y la oposición se plegó a la postura de los senadores de Unidos por San Luis, que definieron la maniobra de Rodríguez Saá como “gravedad institucional, irresponsabilidad fiscal y encubrimiento delictivo”.

“Dicha resolución viola nuestra Constitución que prohíbe la delegación de facultades de un poder del Estado al otro (artículo 8 de nuestra Constitución) a fin de evitar el otorgamiento de la suma del poder público a una persona. El Poder Legislativo es el encargado de sancionar el presupuesto público (cfr. inciso 4 del artículo 144 de la Constitución Provincial), instrumento que hace las veces de límite al Poder Ejecutivo para efectuar las contrataciones y ejecutar el gasto estatal (artículo 34 de la Ley de Contabilidad Provincial). En el caso, la decisión adoptada coloca al propio gobernador como el responsable facultado para auto establecerse un límite al gasto que él mismo ejecutará”, señala el texto difundido en las últimas horas.

 

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