El Gobernador envió a la legislatura un proyecto que habilita a la policía a requisar autos sin orden de un juez, la iniciativa cosecha el respaldo de constitucionalistas porque viola derechos elementales y suprime a uno de los poderes del Estado.
La polémica sobre el Nuevo Código Procesal Penal está instalada y se encuentra en poder de los legisladores que integran las comisiones de Legislación General, Justicia y Culto y en Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria de la Cámara Alta provincial, faculta a las autoridades policiales, dependientes del Ejecutivo, a intervenir sin orden judicial. "Registro de vehículos y otras cosas muebles. Se podrá registrar un vehículo siempre que haya motivos objetivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos útiles a la investigación. En los mismos casos también procederá el registro de maletines, valijas, bolsos, armarios, escritorios, gabinetes u otros muebles cerrados", reza el polémico Artículo 128 del proyecto.
Hasta el momento, para la requisa de automóviles se necesita que el juez libre el oficio correspondiente. De ahora en más, Rodríguez Saá pretender hacerlo sin pasar por el Poder Judicial y con la sola instrucción policial violentando todos los derechos consignados en la Constitución.
Otro punto llamativo del texto dice que en el caso de los allanamientos a los domicilios particulares solicitará "permiso" al juez quien hasta el momento "ordena" los procedimientos. Este cambio sustancial será un mero trámite administrativo que permitirá al Gobernador entrar en la casa particular de quien crea conveniente.