En un hecho gravísimo de espionaje, de los peores que recuerde la historia del país, Alberto Rodríguez Saá puso a su hijo, el Secretario General de la Gobernación, a comandar una red de escuchas telefónicas que monitorea personalmente Ernesto Nader Ali, ex ministro de Seguridad de la actual gestión.
El diario Todo Un País dio los primeros indicios de una investigación periodística que pone al descubierto la tarea que realizan altísimos funcionarios del gobierno y con recursos públicos.
La primera tarea del grupo parapolicial fue la de conseguir escuchas para una reconocida causa judicial que ganó notoriedad por la sociedad comercial que tiene el Gobernador con el denunciante, un megaoperativo policial y una jueza adicta al poder.
La "prueba de fuego" de los "escuchas" fue el impulso para abrir juego a distintos sectores que necesitan "controlar". Es el caso de jueces, políticos y periodistas que integran la nómina de teléfonos que son escuchados. La oficina de operaciones está montada en el microcentro de la ciudad de San Luis, en la calle General Paz, desde donde se digitan las operaciones.
En los observados por el oído del poder está el propio Adolfo Rodríguez Saá, su mujer Gisela, y opositores de la primera línea. Con este tipo de información el Gobierno se asegura conocer de antemano cualquier movimiento que los mencionados anteriormente estén por realizar.
Del mismo modo, los aparatos de comunicación de periodistas son evaluados por los "escuchas" que diariamente mantienen informado a Alberto Rodríguez Saá, padre e hijo.
Las acciones de campo son coordinadas por Ernesto Alí quien dejó formalmente el Ministerio de Seguridad a mediados de este año pero que continuó estrechamente ligado al gobierno. El hombre les inspira confianza, regentea el centro de operaciones, desgraban y editan conversaciones que llegan a los altos mandos de Terrazas.