Se trata de 96 familias que debieron recibir las llaves de su hogar a principios de 2016, la malicia del mandatario demoró la entrega y después de 28 meses y con una pérdida de más de $ 140 mil los dueños podrán ingresar a sus propiedades.
En una nueva modalidad de secuestro, sólo que no utilizó la fuerza, Alberto Rodríguez Saá mantuvo de rehén a las familias que durante 28 meses debieron pagar altos alquileres lo que les significó a cada una de ellas pérdidas superiores a los $ 140 mil, si se toma como base un alquiler de $ 5 mil.
No sólo eso, la demora en entregar las viviendas perjudicó a los adjudicatarios en el plan de vida que habían proyectado para sus familias y en cuanto a los núcleos habitaciones, que estuvieron desocupados todo este tiempo, pudieron verse perjudicados el mantenimiento edilicio.