Cristóbal López y Fabián De Sousa vuelven a la cárcel

La Sala 1 de la Cámara de Casación hizo lugar al pedido del fiscal Raúl Pleé. También dispuso el cambio de carátula de «apropiación indebida de tributos» a «defraudación a la administración pública».

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, ordenó esta tarde la «inmediata detención» del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa, al tiempo que dispuso recaratular la causa en su contra por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.

De esta manera, hizo lugar a los recursos presentados el jueves pasado por el fiscal de Casación, Raúl Pleé, y la querella de la AFIP. La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal, mientras que la camarista Ana María Figueroa votó en disidencia.

Por medio de este fallo se revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña el 16 de marzo pasado, que dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos.

En un fallo de 148 páginas, se decidió que los empresarios y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray vuelvan a ser investigados por «defraudación al Estado» y no por «apropiación indebida de recurso», contra lo que había decidido la Cámara Federal.

La detención de los dueños del Grupo Indalo, que tiene entre sus insignias a la empresa Oil Combustibles y al canal C5N, deberá ser instrumentada por el juez federal Julián Ercolini, quien lleva la causa por el no pago del impuesto a las transferencias de combustible, informó Telam.

La causa. La Justicia investiga si López perpetró entre 2011 a 2015 el delito de «defraudación en perjuicio de la administración pública» por unos 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles cobró a sus clientes pero que no habría depositado a la AFIP.

El juez Julián Ercolini, que instruye la causa, sospecha que López habría usado ese dinero para adquirir medios de comunicación y hacer más inversiones, por lo que dispuso la inhibición general de bienes del empresario, de su socio Fabián de Sousa y de todas las firmas del Grupo Indalo. La causa se inició por una denuncia de la AFIP en la Justicia en lo Penal Económico pero al estar imputado Ricardo Echegaray y casi una veintena de funcionarios públicos pasó al fuero federal.

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