Sospechan protección judicial para un ex funcionario de Alberto acusado de abuso sexual

Dos denuncias por abuso sexual contra menores de edad en Villa Mercedes, tienen tratamientos diferentes pese a sus similitudes delictivas. Una de ellas, en contra de docentes de un reconocido colegio privado, avanza a paso firme con el impulso propio de la causa, pero también con el empujoncito político que viene desde las esferas del poder provincial.

Mientras tanto, otra denuncia por delitos contra la integridad sexual, que tiene como único denunciado a un reconocido profesor de guitarra, ex concejal del partido de la familia Rodríguez Saá y dirigente político de Villa Mercedes, avanza hacia la impunidad, por la influencia que está ejerciendo un alto funcionario judicial, aun cuando ha sido el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá quien visitó personalmente a la familia de la niña damnificada para expresarle su solidaridad y ponerse al servicio de la afectada familia.

Al profesor acusado, todavía le quedan vínculos políticos luego de su larga militancia en el PJ. A nadie escapa tampoco, que en las más altas esferas del Poder Judicial, ocupan funciones de importancia, destacados dirigentes del mismo partido donde estaba el ex director de las Cien Guitarras Mercedinas. De allí vendrían las “sugerencias” a quienes intervienen en el expediente penal, para que la impunidad sea garantizada al guitarrero.

Hecho extraño, si se tiene en cuenta que sería un funcionario recientemente propuesto por Rodríguez Saá, quien estaría influyendo en contra del pensamiento y de las acciones del gobernador y “trabajando” para que Diaz más, Diaz menos, el acusado se libere de responsabilidad.

El escándalo del colegio religioso podría agravarse, si es que prosperan medidas judiciales que se estarían tomando sin contar las pruebas necesarias. El escándalo del guitarrero político también se agravaría, si es que prosperan medidas judiciales que se estarían tomando para dictarle la falta de mérito cuando sobran pruebas en su contra y todavía falta que declaren varios testigos y que se aporten pruebas de relevancia sobre hechos nuevos, cuya incorporación al expediente no ha sido permitida. En un caso hay apuro para terminar rápido y culpar aunque las pruebas no sean suficientes. En el otro caso, la militancia del acusado y la influencia de jueces militantes, también hacen que tengan apuro, pero para declararlo libre de culpa y cargo.

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