La justicia cita a funcionarios del Gobierno por la denuncia de la compra de tablets para la campaña

Los días 6 y 7 de diciembre deberán comparecer ante la justicia funcionarios del gobierno para explicar sobre la compra de tablets que fueron regaladas en plena campaña. Deberán decir quién mandó a comprar, de dónde salieron los fondos y cuánto dinero se gastó en una clara maniobra de uso de fondos públicos para la campaña.

El pasado 25 de setiembre el abogado Ricardo André Bazla presentaba una denuncia por “Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, Peculado, Malversación de caudales públicos y Violación del juramento constitucional” contra las ministras Natalia Zavala Chacur, Alicia Bañuelos y María Angélica Torrontegui.

En la denuncia el letrado manifiesta que como es de público y notorio conocimiento, el Gobierno de la Provincia de San Luis ha adquirido un total de “ciento veintidós mil quinientas (122.500) Tabletas o Tablets, es decir dispositivos portátiles digitales”.

También destacó en el escrito el hecho de que luego de las elecciones PASO del 13 de agosto el Gobierno “replantea” la entrega de tabletas y las dirige hacia los titulares de merenderos y punteros políticos de los hermanos Rodríguez Saá: “Que el día sábado dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete (16/09/2017) la página digital de noticias “EL CHORRILERO” publicó la siguiente información: Título: “Entrega de tablets a coordinadores de merenderos en el PJ”. En su bajada, el medio periodístico señaló: “El gobierno pasó de los actos masivos a una ´distribución personalizada´ de los dispositivos. Ayer fue más allá y cruzó una línea: amplió el universo de beneficiarios al incluir a dirigentes y punteros que coordinan los centros habilitados tras las PASO”.

“Quedaría probada la criminalidad del acto, desde el momento en que el Gobierno de San Luis y el Partido Justicialista de La Punta, anuncian y publicitan una reunión donde se informará sobre la entrega de bienes públicos, pero con claros fines partidarios, pues no se realizaron idénticas reuniones en otros partidos políticos que no forman parte del oficialismo provincial, sino que todo quedó circunscrito al ámbito gobierno-partido que tienen las mismas cabezas visibles: ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ SAÁ es el Gobernador de la provincia de San Luis y el Presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista, además de Candidato a Senador Nacional Suplente y su hermano ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ es Candidato a Senador Nacional Titular y Presidente del Consejo Provincial del mismo partido”.

Estos párrafos de la denuncia son los que tomó la jueza Virginia Palacios para citar al rector de la ULP Fernando Salino y a los dirigentes del PJ de La Punta Darío Rosas Curi y Gloria Velázquez. También deberá comparecer el periodista y director de El Chorrillero, Daniel Miranda. Cabe destacar que esta es la segunda citación y que en la anterior sólo se presentó Miranda.

En la reciente solución, en la que se llama a una nueva comparecencia de los funcionarios del Gobierno, la Jueza le otorga a Bazla el rol de “particular damnificado”.

Entrega de tablets a coordinadores de merenderos en el PJ https://t.co/d2oOnacgX6

— El Chorrillero (@elchorrilleroSL) September 16, 2017

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