Escándalo: Adolfo “olvidó” decir a la Justicia los millonarios gastos de campaña en las PASO

Declaró que gastó poco más de $ 700 mil, cuando en realidad fueron más de $ 100 millones. Podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, será investigado por la Justicia Federal.

Según la documentación presentada por el Frente Unidad Justicialista San Luis ante la Justicia Nacional Electoral en relación a los gastos de campaña en las PASO, surgen serias inconsistencias basadas en las omisiones de Rodríguez Saá. En la declaración, que constan las erogaciones discriminadas en los cargos de Diputado y Senador Nacional, se observan faltas graves que son fácilmente comprobables y que serán materia de análisis de la Justicia.

Informe de gastos- Cat Diputados

En la categoría a Diputado Nacional, en la que se presentó una sola lista, el Frente recibió aportes estatales denominado “Fondos Público” por $ 372.989,66, se hace saber que no recibieron dinero extra que podría ser “contribuciones o donaciones privadas”. De ese monto, casi la totalidad fue a las arcas de la empresa Payné SA, propiedad de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

De acuerdo al documento oficial del Frente, $ 239.061,41 fueron destinado a “Gastos de publicidad”, siempre en la categoría Diputado Nacional y con el mismo destino, la imprenta de la familia gobernante.

Entre otras erogaciones figuran “Gastos de impresión de boletas” por un valor de $ 86.686,31, como no podía ser de otra manera, la empresa Payné SA fue la beneficiada. A eso se le suman “gastos de administración” por $ 2.237,94 y “Gastos varios” por $ 45.000,00. La cuenta del Banco Nación en la que se depositaron los fondos terminó con un saldo positivo de $ 4,00.

Informe de gastos- Cat Senadores

En la categoría Senador Nacional, que encabeza Adolfo, la situación es casi idéntica. Reciben en aportes públicos $ 375.996,39 y gastan $ 375.996,30, aquí le sobra menos dinero tan sólo $ 0,09. La justificación de gastos es la siguiente, en impresión de boletas $ $ 86.686,31, en “propaganda gráfica $ 242.054.01, “gastos varios” $ 45.000 y “gastos de administración” $ 2.255,98.

De más está decir que el modus operandi se repite, los votos y la publicidad fueron pagados a Payné SA, es decir, a la billetera de Adolfo y Alberto.

En las dos categorías, los hermanos Rodríguez Saá administraron fondos públicos por $ 748.986,05, de ese valor la mayor parte, $ 654.438,04, a la firma propiedad de la familia.
Un dato insoslayable para demostrar las mentiras de la rendición de gastos, que fueron firmados por Mónica Sandra Pérez y Silvia Noemí Sandoni en carácter de “Responsable económico”, es la publicidad de la campaña.

En ese punto aparecen sistemáticamente las omisiones, que medidas en dinero se multiplican por millones de Pesos. Adolfo realizó promoción de su candidatura y del resto de los candidatos en gráfica y mayoritariamente en la vía pública, ese concepto en la rendición aparece en $ 0.00.

Allí se destacan las gigantografías que inundaron la provincia, los pasacalles, columneros y afiches que ensuciaron las principales ciudades, de eso nada se menciona en el documento público. Además “olvidó” deliberadamente la suma de los gastos en promoción en redes sociales y los vídeos difundidos en el sitio Youtube.com. Como así también gastos de movilidad, el día de la elección la sede del PJ estaba repleta de vehículos contratados, eso sin contar los honorarios de la agencia “1810 Comunicación”, encargada de la publicidad y marketing.

De acuerdo a estimaciones de analistas políticos, consultados por este y publicado oportunamente, la campaña de las PASO de Rodríguez Saá estuvo en el orden de los $ 136 millones, muy lejos de las cifras presentadas ante la justicia.
De ser investigado y comprobado por la justicia la adulteración de los valores manejados en la campaña, todos los integrantes de la lista, titulares y suplentes, como así también las responsables económicas, serían punibles del artículo 63 inciso b de la ley 26.215, que hace mención al financiamiento de los partidos políticos, que indica que «el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años» cuando «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos».

Ver notas:

Los números no cierran: Los antecedentes de Adolfo

No es la primera vez que Rodríguez Sáa muestra inconsistencias en los balances que presenta sobre la rendición de los gastos de campaña y los aportes.

En las pasadas elecciones de 2015, Adolfo recibió la suma de $ $22.161.838,02 en fondos públicos por su candidatura a Presidente y la candidatura de “Tati” Vernet al PARLASUR. Otra vez eligió beneficiar a su familia con un escándalo que la justicia aún hoy investiga. En esa oportunidad destinó $17.840.752,52 a las empresas Payné SA y Textil Concarán SA (firma de su esposa Gisela Vartalitis, que luego presentó la quiebra).

En el pasado mes de Julio el fiscal federal Jorge Di Lello pidió que la Justicia no apruebe los balances de Compromiso Federal, fuerza que impulsaba a Rodríguez Saá y que lo tiene como uno de sus promotores.

El funcionario se pronunció así ante la jueza electoral María Romilda Servini en base a las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial.

A la espera de una nueva respuesta de los partidos, Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos que les corresponden para los comicios entrantes.

“Esta fiscalía entiende que las observaciones que se formularon a cada uno de ellos no han sido subsanadas en su debida forma”, señaló Di Lello. En su presentación, el fiscal advirtió: “Las alianzas no han podido demostrar de forma precisa el origen y el destino de los fondos recibidos”.

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