Alberto no construye viviendas, en 2016 ejecutó sólo el 60% del presupuesto

El año pasado disponía de más de $1000 millones para construir viviendas sociales, de eso ejecutó poco más de $ 600 mil. Ahora llama inscripciones.

Las partidas presupuestarias afectadas a la ejecución de viviendas del año pasado ascendieron a $ 1.063.780.051 y tan solo fueron ejecutados $ 612.394.870.

De esta manera quedó sin ejecutar el 42,43% de las mismas, equivalente a un importe de $ 451.385.181 que representan más de 600 viviendas que podrían haberse construido y entregado en el 2016. Con ello se podría haber dado cumplimiento a la entrega de viviendas a todos aquellos inscriptos de los planes Progreso y Sueños que se encontraban al día en el pago de las cuotas.

La ejecución durante el 2016 ni siquiera agotaron los recursos específicos asignados para la construcción de viviendas, como lo son los fondos correspondientes al recupero de cuotas y aquellos girados por el Estado Nacional en concepto de FO.NA.VI ($ 390.140.593,24) y de convenios para cofinanciación de viviendas ($ 178.753.439,41).

La realidad pone en evidencia la intención del Gobernador en no construir viviendas sociales, tal como ocurrió en los 8 años anteriores que estuvo a cargo del Ejecutivo Provincial, oportunidad en que solo construyó un puñado de las pocos célebres viviendas “productivas”.

La tan anuncia inscripción –por internet–, no es más que una farsa, que esconde la verdadera creencia del actual Gobernador. Basta con mirar los años que Gobernó y con leer atentamente la nueva Ley de Viviendas que hizo aprobar en la Legislatura Provincial. Una ley para no hacer viviendas.

La política habitacional es de trascendental importancia, no solo porque da respuesta a las necesidades de las familias que no cuenta con su casa propia, sino también por el empleo –directo e indirecto- que genera y por el efecto que derrama en todos los sectores de la economía local.

La decisión deliberada de discontinuar el plan habitacional fue una de las causas más responsables de la baja del consumo de cemento –indicador de la evolución de la obra pública– y del aumento de la tasa de desempleo en el sector. El Gobierno Provincial no sigue un plan de obras que genere empleo y bienestar social de manera sustentable, no prevé continuidad en los trabajos constructivos. No es así capaz de evitar lo que ha ocurrido con la finalización de la obra de La Pedrera, en donde los pocos trabajadores que empleó hoy quedaron en la calle sin ingresos para sostener a sus familias

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