Escándalo: El Instituto Santo Tomás quiere aumentar la cuota más del 60%

La institución recibe más de $1,3 millones por mes del Gobierno La cuota en diciembre era de $ 1.900,  desde Julio pasaría a $3.200 ¿Quién controla el destino de los fondos públicos?

La determinación, unilateral e inconsulta, del Instituto Santo Tomás de Aquino promete convertirse en un escándalo. Los padres de la institución comenzaron a golpear distintas puertas para conseguir frenar el abusivo aumento en la cuota que pagan mensualmente. En Diciembre la percepción mensual del colegio era de $ 1900, desde Marzo cobra $ 2600 y ahora se comunicó que pasará a $ 3200.

Una primera nota enviada por la institución a los tutores indicaba la decisión de incrementar drásticamente la cuota mensual amparados en los aumentos que otorgó el gobierno a los docentes y por consiguiente su repercusión directa en las arcas del Instituto.

Ante el desconcierto de los padres que iniciaron el ciclo lectivo con un aumento del 27%, se suma otro golpe al bolsillo. La pregunta que surge inmediatamente es la de conocer los fondos que maneja la administración del Colegio.

Según los datos del Ministerio de Educación, el Instituto recibe mensualmente la suma de $ 1.345.000 en concepto de subsidios. A esto se agrega que los más de 900 alumnos que la institución tiene le suman más de $2. 350.000 al mes. En todo concepto administran $ 3.695.000 y no les alcanza.

El otro interrogante es saber si se administra correctamente esa cifra que al año supera los $ 44 millones, además de conocer si existe el control del Gobierno sobre el dinero público que entrega a la institución.

Para arrojar mayores datos y comparar la administración de otras escuelas e instituciones educativas, cabe mencionar el caso del Colegio Don Bosco que posee una matrícula de 800 alumnos y la subvención del Gobierno es de $1.100.00 por mes, la cuota mensual es mucho más barata, de $ 1900. Es decir, tienen menos alumnos, reciben menores ingresos del Gobierno pero administran mucho mejor.

Finalmente y frente a este verdadero abuso de poder y lo que significaría una administración fraudulenta, los tutores se organizaron para realizar un planteo judicial y frenar el abusivo incremento y solicitar la intervención de un perito de la justicia para auditar las cuentas del Instituto.

 

 

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