De qué se trata el plan oficial para trasladar inmigrantes al interior

Según un informe oficial, el 82% de los 285.000 inmigrantes extranjeros que se radicaron entre el año pasado y lo que va de 2017 en la Argentina viven en el primer cordón del GBA o en la Capital Federal.

El Gobierno nacional está trabajando en un plan para trasladar a los inmigrantes extranjeros y los argentinos del interior que viven en la Capital Federal o el GBA hacia centros urbanos o zonas rurales de diferentes provincias.

El objetivo es «descentralizar el país» y terminar con la concentración de la población en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal mediante el otorgamiento de tierras del Estado en diferentes provincias por medio de créditos a largo plazo así como la implementación de programas sociales, asistencia sanitaria y educativa.

Según publicó hoy el sitio Infobae, el «proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina» se puso en marcha a partir de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones que muestra que el 82% de los 285.000 inmigrantes extranjeros que se radicaron entre el 2016 y lo que va de este año en el país viven en el primer cordón del GBA o en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el razonamiento del Ejecutivo. si estas cifras se proyectan en el tiempo, en menos de 10 años colapsará el sistema laboral, educativo y sanitario del GBA y la Capital Federal.

Entre las principales corrientes migratorias que se instalan en Buenos Aires, el relevamiento señala que son en su mayoría de Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile. En tanto, también creció el número de inmigrantes de China, Corea del Sur y Japón.

Según la publicación, ya se realizó la primera reunión del plan coordinada por la Dirección Nacional de Migraciones junto con los Ministerios de Desarrollo Social e Industria. A estos se les sumará el accionar de los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Producción y la Agencia Administradora de Bienes del Estado.

Asimismo, se estudia un programa de créditos blandos para la adquisición de tierras estatales que hoy no se usan en el interior del país y un esquema de alquileres de tierras o edificios públicos.

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