El Gobernador está dispuesto a todo en su afán de seguir en el poder, dicta leyes que atentan contra la Constitución Nacional ,el texto que es el órgano rector del país el que define derechos y obligaciones. Alberto va por todo.
No le tiembla el pulso, Rodríguez Saá ya anunció, y en los hechos lo llevó adelante, que en su gobierno no habrá lugar para las leyes, ni siquiera la Constitución. Elogió el sistema español y propuso para San Luis una "autonomía reforzada", dictó en un día, el último del año para los legisladores, una norma que atenta contra las libertades individuales.
El preambulo de la Carta Magna dice: "Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina". Los constituyentes del año 1853 nunca imaginaron que un gobernante democrático pudiera desconocer los derechos elementales de un persona, como lo es el trabajo, más aún cuando los representantes del pueblo abrieron las puertas y establecieron las mismas oportunidades "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".
Pero Alberto no solo pasó por alto el preámbulo, lo hizo también con el artículo 16 de la Constitución, el mismo reza textualmente: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Otra norma elemental que el Estado de la Puntanidad, creado a espalda de todos y que se alimenta con la democracia Argentina, desconoce.
Está más que claro que este es sólo el primer paso de La Puntanidad, en los próximos años ensayará distintos argumentos y proyectos para sentar otras posturas que van a contrapelo de la ley máxima que es la Constitución, buscará quitar de su estado inventado cualquier competidor que pudiera poner en riego el poder monárquico de más de tes décadas. Los ciudadanos de San Luis tendrá dos opciones, ponerle freno a las descabelladas ideas o ser cómplices de una persona que no conoce de límites.