Reclaman la aprobación en Diputados del proyecto que apunta a aumentar jubilaciones y asignaciones. Participarán las distintas centrales sindicales, representantes de la economía social y regional y del sector pyme. Se espera una concurrencia masiva.
Se espera una convocatoria multitudinaria. Con el escenario listo frente al Congreso, bajo una gran bandera con el lema “Unidad por la Justicia Social”, las centrales sindicales, movimientos sociales, pymes y diversas agrupaciones marcharán esta tarde para reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia Social y advertir que habrá una fuerte reacción si el presidente Mauricio Macri la veta.
La concentración será a las 16 en el Congreso. Además de las CGT y las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, participarán la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y la Asociación Bancaria (AB), que encabeza la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de Sergio Palazzo. También se movilizarán entidades empresarias del sector pyme, como la Confederación Empresaria Argentina (CGE) y la Confederación General Económica (Cgera), y la Federación Agraria Argentina (FAA), que está en estado de alerta por el retroceso de las economías regionales.
El reclamo apunta a que se apruebe en Diputados la Ley de Emergencia Social –que ya tiene media sanción en el Senado-, que propone aumentar un 15% las jubilaciones y las transferencias directas a los sectores de menores ingresos, que se canalizarán a través de subas en la Asignación Universal por Hijo y por embarazos, y busca crear un millón de puestos de trabajo, lo que le demandaría al Gobierno un gasto adicional de $50 mil millones.
La propuesta tiene el objetivo no solo de recomponer la pérdida del poder adquisitivo de millones de personas, sino estimular la actividad económica a partir del aumento de la capacidad de consumo de las mayorías, que vieron un recorte en su poder de compra por la inflación y los despidos. La CGT aprovechará este marco para reclamar también un pacto antidespidos hasta marzo de 2017, y que los gremios sean tenidos en cuenta para la elaboración que se propone reformar el Impuesto a las Ganancias.
En tanto, crecían en las últimas horas las presiones para que el proyecto de ley tenga tratamiento. Los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso, de Libres del Sur y el Movimiento Evita, elevaron ayer una nota al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para que reclame del Senado la media sanción del proyecto. Y denunciaron que "(La presidenta del Senado) Gabriela Michetti y Federico Pinedo frenan el proyecto de emergencia social para que no se trate antes de fin de año".
En cuanto a los distintos sectores políticos, mientras el kirchnerismo plantea avanzar a fondo con la iniciativa legislativa, en el Frente Renovador hay divisiones: Sergio Massa argumenta internamente que "la Argentina ya está en emergencia social legalmente hasta diciembre de 2017, pero sobre todo en los hechos con uno de cada dos pibes menores de catorce años en la pobreza". Desde el mismo espacio, sin embargo, el diputado Facundo Moyano, dejó trascender que van a "apoyar" la propuesta junto a otros legisladores del massismo.
En cambio Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), respondió que su bloque no es parte "de esa movida" y aclaró que las "prioridades" son que se traten "el aumento de emergencia a jubilados, rentas vitalicias, jubilaciones adelantada a los 60 para desocupados y ganancias en los salarios".