Crece el conflicto con CGT y provincias por Bono de fin de año

La disparidad económica entre los distritos le agrega una dificultad a la Casa Rosada, que esta semana debe hacer una propuesta general a la CGT.

Si el Gobierno finalmente decide pagar un bono de fin de año a los estatales, como parte de la negociación con la CGT, el problema no sólo se trasladará de inmediato a las provincias y los municipios. También le abrirá un nuevo frente de conflicto a la Casa Rosada.

Es que el escenario de tener que desembolsar millones de pesos para compensar a sus empleados no sólo pone a la mayoría de las provincias en una situación financiera compleja. Además, y sobre todo, operará sobre un panorama dispar. Necesariamente se convertirá en otro ítem de la difícil negociación entre las provincias y el Gobierno y engrosará la lista de asuntos pendientes en la que ya figuran el presupuesto 2017 y la reforma del impuesto a las ganancias.

En el universo que deberá enfrentar el presidente Mauricio Macri conviven gobernadores que ya hicieron saber que pagarán un bono con otros mandatarios que, con los números en rojo, esperarán la decisión de la Casa Rosada. A éstos se suman los que ya avisaron que no están en condiciones de ofrecer ningún plus por más exigua que sea la suma y que, en caso de tener que hacerlo, deberán recurrir al auxilio financiero de la Nación.

Esa heterogeneidad ubica a Macri de cara a un panorama similar al que vivió a principios de año, cuando la resolución de la paritaria docente nacional se demoró por presión de los gobernadores. La mayoría de las provincias no podía pagar la nueva escala salarial y necesitó asistencia de la Casa Rosada para garantizar las clases. De todos modos, hubo paros y el inicio del ciclo lectivo se demoró en ocho distritos.

El antecedente coyuntural de la paritaria docente se suma a una realidad estructural de las provincias: el elevado porcentaje de empleados estatales en la mayoría de ellas y la alta incidencia del rubro salarios en el gasto total de cada distrito.

Según un estudio elaborado por Walter Agosto, investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sobre la base de datos oficiales, el porcentaje de empleados públicos provinciales sobre la población económicamente activa se ubica entre el 14 y el 48,6 por ciento, según el distrito (ver gráfico).

El peso del rubro salarios en el gasto total de las provincias, en tanto, recorre un rango que va del 31,9 en Santiago del Estero hasta el 61,4% en Río Negro.

A ese esquema histórico se suma la decisión del Gobierno de eximir del pago de Ganancias el medio aguinaldo de diciembre. El anuncio se haría esta semana, también en el contexto de la negociación con la CGT y como apuesta para evitar el primer paro nacional contra el gobierno de Cambiemos. El recorte en Ganancias -que es un impuesto coparticipable- impacta de lleno en las cuentas provinciales.

Frente a ese panorama, las provincias más complicadas son las que tienen claro (y no ocultan) que pagar un bono de fin de año es imposible. Sus gobernadores lo han planteado ya. Y sin margen para interpretaciones o matices.

“No lo tenemos previsto. No estaba presupuestado ni calculado en nuestro esquema de gastos de 2016”, planteó esta semana Miguel Lifschitz. El gobernador santafecino incluso deslizó una crítica a Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro del gabinete nacional en decir en público que el plus “seguramente” se pagaría.

Luego llegaron los avisos “suavizadores” de Jorge Triaca y Carolina Stanley, que, en cambio, advirtieron que el beneficio sería sólo “para los que más lo necesitan”. Traducido: lo recibirán beneficiarios de planes sociales, jubilados que cobran el haber mínimo y los estatales con los sueldos más bajos.

Por ahora el “Bono de Fin de Año” está en suspenso y habrá que esperar para ver como logra el gobierno una salida que logre el mayor grado de consenso en el mapa político argentino.

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