Las campañas de Macri, Scioli y Adolfo bajo la lupa de la justicia

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) relevó donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos, muchas proveedoras del Estado, y la utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios.

Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta iniciaron una investigación sobre los fondos aportados en las campañas presidenciales del año anterior. En este marco detectaron irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá.

La utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios y donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos -muchas proveedoras del Estado- son las dos principales irregularidades que detectaron sobre las rendiciones de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y Compromiso Federal (San Luis).

Según se indicó, una tendencia detectada, que se percibe especialmente en el informe de Cambiemos, es la utilización de jóvenes de 20 a 32 años como aportantes de campaña. En este sentido la edad despierta desconfianza de la Justicia por la supuesta falta de capacidad económica generalizada para realizar esas donaciones electorales, que en algunos casos superan los 50.000 pesos.

Por otro lado el informe de la Procelac incluye además a tres empresarios cercanos al empresario Cristóbal López, que donaron 340.000 pesos -en total- a la campaña del Frente para la Victoria que encabezaba Scioli.

En el caso de Compromiso Federal se detectó que reunió a doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección: la suma de sus 12 aportantes -que quedaron bajo la lupa- supera los 4,3 millones de pesos, se informó.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también participó del informe de la Procelac, por el cual los partidos políticos podrían recibir sanciones, que según la ley de financiamiento podría llegar hasta una pena de inhabilitación de 6 a 10 para ejercer cargos públicos.

La investigación realizada por los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta fue entregada este jueves ante su par con competencia electoral, Jorge Di Lello, para qué avance con las medidas para determinar el origen de los fondos utilizados.

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