La contratación de militantes de La Cámpora y funcionarios afines al kirchnerismo, sin importar sus antecedentes, fue una constante a lo largo de los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández. Sin embargo, ahora, a pocos días de las elecciones y menos de dos meses de dejar el poder, ese accionar parece haberse intensificado, sobre todo en la Justicia, donde el Ejecutivo busca llenar más de 450 cargos, todos de planta permanente, en el ministerio de Julio Alak y Julián Álvarez, uno de los referentes de la agrupación juvenil K de Máximo Kirchner.
Así lo denunció hoy el diputado de la UCR, Manuel Garrido, a raíz de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 2149/15. Mediante ella se llamó a una convocatoria extraordinaria para “posibilitar la cobertura de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (453) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente” en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los casi 500 cargos a cubrir abarcan toda la estructura del ministerio de Justicia: desde inspectores de Registros del Automotor, pasando por la secretaría de Derechos de Autor, también en la oficina de Comunicación, en políticas de género, en el Servicio Penitenciaro, en el área de dactiloscopía, en la biblioteca, en Derechos Humanos, un gran número en la administración de la cartera y hasta se piden abogados especializados en la investigación de delitos de corrupción.
“Están acomodando gente y hacen estos concursos para dejar los cargos cubiertos con personas afines”, afirmó a Clarín el diputado Garrido. “No es razonable el ingreso de 453 personas a dos meses del fin de ciclo; quieren dejar la mayor cantidad de adeptos que puedan, medio millar de personas”, cuestionó.