El Gobierno nacional firmó acuerdos con cámaras empresariales y plataformas digitales para detectar la comercialización de productos ingresados ilegalmente al país. La iniciativa contempla el intercambio de información sobre oferentes, ante el desplazamiento de parte de la venta de mercadería de contrabando desde puestos físicos hacia redes sociales y tiendas virtuales.
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME suscribió los acuerdos marco con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara de Importadores de la República Argentina, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, la Asociación de Supermercados Unidos y la Unión Industrial Argentina. Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar se incorporaron mediante acuerdos específicos.
Las plataformas aportarán información sobre los principales vendedores de productos en categorías consideradas sensibles. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cruzará esos datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades. Meta informó, además, que dará de baja los sitios denunciados en Facebook e Instagram.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, valoró el acuerdo y señaló que las estimaciones disponibles ubican la pérdida de recaudación por contrabando entre US$2.000 millones y US$2.500 millones. Aclaró que la naturaleza de esa actividad y su distribución territorial dificultan una medición precisa.
Grinman también planteó la necesidad de complementar los controles digitales con acciones sobre las fronteras, la venta callejera y las redes de comercialización ilegal. Reclamó una intervención coordinada de los distintos niveles del Estado y expresó la disposición de la entidad a colaborar.
La Secretaría informó que, cuando corresponda, se aplicará el Protocolo de Vigilancia de Mercado aprobado por la Resolución 56/2026, relacionado con el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad e información. Los procedimientos podrán derivar en el retiro de productos, el cese de su comercialización y la intervención judicial. Las empresas también realizarán campañas para informar a vendedores y proveedores sobre sus obligaciones, especialmente las vinculadas al origen de la mercadería.
Entre los sectores afectados, las empresas mencionan la indumentaria, los productos electrónicos, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. En las zonas relevadas de la Ciudad de Buenos Aires, la CAC detectó 99 puestos de venta ilegal callejera durante agosto: un 38,1% menos que un año antes y un 11,6% menos que en julio. El informe sitúa esa caída en un contexto de traslado de operaciones hacia canales digitales.
En paralelo, las modificaciones al régimen de comercio fronterizo contemplan una franquicia diaria de US$150 por persona para compras de uso doméstico y restricciones destinadas a evitar operaciones comerciales o industriales encubiertas. La entrada en vigencia de las limitaciones sobre determinados productos y volúmenes, prevista para el 10 de octubre, fue postergada por 120 días.
El acuerdo incorpora a las plataformas digitales a la detección de ofertas sospechosas y busca fortalecer la coordinación entre el Estado y las empresas frente al comercio ilegal.