La Escuela Normal instala la figura de Alberto Rodríguez Saá y financia la campaña

Lo que comenzó con una actividad política dentro de la institución educativa ahora tendría continuidad con una cena destinada a recaudar fondos para la campaña de Alberto Rodríguez Saá. La situación genera interrogantes sobre el uso de un establecimiento educativo para actividades de carácter partidario y sobre el destino de los recursos.

Rodríguez Saá, actual presidente del Partido Justicialista de San Luis y exgobernador, ya había regresado recientemente a la Escuela Normal para mantener una actividad de carácter político. La propia difusión pública de aquella intervención muestra al dirigente hablando sobre identidad política y su proyecto partidario.

El nuevo episodio plantea una pregunta inevitable:

¿La Escuela Normal está siendo utilizada para actividades de financiamiento político?

La diferencia no es menor. Una cosa es que un exalumno visite la institución para una actividad educativa, académica o institucional. Otra muy distinta es que el establecimiento sea utilizado como escenario para actividades partidarias o para la organización de una estructura destinada a recaudar dinero para una campaña electoral.

La situación adquiere mayor relevancia porque la cena tiene como objetivo reunir fondos, según la información que circula sobre la actividad y la invitación al encuentro disfrazado dentro de los 150 años de la escuela.

La Escuela Normal Juan Pascual Pringles es, además, una institución emblemática de San Luis. El propio Rodríguez Saá fue alumno de la escuela y ha reivindicado públicamente ese vínculo en distintas oportunidades.

Pero ese vínculo histórico no debería confundirse con una eventual utilización partidaria del establecimiento.

No sólo esto, la propia institución en redes sociales insta a la participación política de los alumnos detrás de la figura de Rodríguez Saá.

La discusión, entonces, no pasa por la pertenencia política de quienes participan.

Pasa por algo mucho más concreto:

¿Una escuela pública puede ser utilizada para organizar actividades políticas y recaudar fondos para una campaña electoral?

Y si la respuesta es no, ¿quién autorizó estas actividades y qué medidas se tomarán?