La familia materna de Guadalupe Belén Lucero se presentó en la Justicia provincial para solicitar explicaciones tras enterarse por los medios de la imputación por abuso sexual contra el abuelo paterno de la niña. La denuncia generó un fuerte reclamo para que se evalúe si el acusado pudo tener algún vínculo con la desaparición ocurrida en San Luis en 2021.
Hasta Tribunales acudieron Yamila Cialone, madre de Guadalupe, la abuela Silvia Domínguez y otros familiares, acompañados por su abogada. Allí expresaron su malestar por no haber sido informados previamente y cuestionaron la falta de articulación entre la Justicia provincial y la federal en una causa que lleva casi cinco años sin resolverse.
“Nos enteramos hoy por los medios de la imputación al abuelo de Guadalupe. Nunca tuvimos contacto con él ni sabíamos de esta situación”, afirmó Silvia Domínguez.
Según explicó la familia, tras la presentación, la Fiscalía federal tomó conocimiento de la imputación y evaluará si corresponde incorporar al acusado en la investigación por la desaparición. Domínguez remarcó que no buscan señalar culpables sin pruebas, pero sí exigir que se analicen todos los antecedentes disponibles.
La abogada Soledad Poma de Otaegui confirmó que el abuelo paterno fue imputado el 20 de abril de 2026 por abuso sexual gravemente ultrajante en una causa iniciada en noviembre de 2024. El caso involucra a una menor de edad con discapacidad y se avanzó tras una Cámara Gesell con resultado positivo.
“No estamos afirmando nada, pero si hay antecedentes de este tipo, queremos que se investigue. Y si no tiene nada que ver, que la Justicia lo determine”, sostuvo Domínguez.
El acusado no se encuentra detenido, pero tiene restricciones procesales, como la prohibición de salir de la provincia y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. Además, existe otra denuncia en trámite por un hecho similar.
Desde la defensa de la familia anticiparon que pedirán formalmente que se lo incluya en la causa principal. También señalaron que el fiscal federal no tenía conocimiento previo de estas denuncias, lo que abrió nuevas dudas sobre la coordinación entre organismos judiciales.
A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe, la familia insiste en que cualquier nueva información debe ser investigada. El caso sigue sin respuestas firmes y continúa siendo uno de los más sensibles de la provincia.